ARI se une a la Fundación Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo para fortalecer la ética periodística

ARI, la Asociación de Revistas de Información, y la Fundación Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo

Este convenio tiene como objetivo principal reforzar el compromiso con la ética y deontología en el ejercicio periodístico, un valor esencial para la libertad de información en una sociedad democrática

El acuerdo ha sido suscrito por Andrés Rodríguez, presidente de ARI, Miguel Ángel Noceda, presidente de la Fundación, y Fernando González Urbaneja, presidente de la Comisión de Arbitraje. Con la firma, ARI se adhiere a la Fundación, y Rodríguez será su representante en el Patronato.

El convenio no solo busca fortalecer la Comisión de Arbitraje, que se dedica a velar por la libertad de información y el derecho de los ciudadanos a recibir informaciones veraces, sino que también impulsa la colaboración entre editores y periodistas para asegurar la continuidad del desarrollo de la deontología en el periodismo.

Compromiso con la ética y la libertad de información

Para Andrés Rodríguez  en libertad de información, destaca que “los editores de revistas estamos absolutamente comprometidos con este derecho fundamental del estado democrático”.

Para Miguel Ángel Noceda el acuerdo refuerza el patronato de la Fundación, incorporando el compromiso de los editores de revistas en la defensa de la ética periodística.

Fernando González Urbaneja destacó que “la ética del periodismo y el compromiso con una información veraz son esenciales para el periodismo del presente y del futuro”, añadiendo que editores y periodistas deben trabajar conjuntamente para practicar un periodismo profesional de calidad.

Fomento de la trazabilidad y reconocimiento de fuentes

El convenio establece la participación activa de ARI en la promoción de criterios deontológicos, que incluyen fomentar la trazabilidad de la información, el reconocimiento de las exclusivas y el respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual. Estas acciones buscan limitar el uso indebido de contenidos de otros medios sin trabajo periodístico adicional.

Este acuerdo representa un compromiso renovado con la ética periodística y la defensa del derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, reforzando la confianza en los medios y el papel crucial del periodismo en la sociedad democrática.