FACUA anuncia que el Ministerio de Consumo asume la potestad sobre fraudes masivos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que recoge la asunción de estas competencias por parte del Ministerio, que la asociación venía planteando a Garzón desde el inicio de la legislatura, una reivindicaci´ón de FACUA

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El Ministerio de Consumo asume así una de las reivindicaciones históricas de FACUA-Consumidores en Acción y tendrá potestad para sancionar casos de fraudes masivos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 2 de noviembre esta reforma de las competencias, que se introducirá mediante la publicación del nuevo Real Decreto-ley de transposición de directivas.

El Ministerio cumple de esta forma con una necesidad que la asociación venía reclamado al titular de la cartera ministerial, Alberto Garzón, desde el inicio de la legislatura como una prioridad en la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, ha mostrado su «satisfacción» ante el «cumplimiento del compromiso que asumió con FACUA al inicio de la legislatura el ministro de Consumo» a través de este real decreto-ley. «Le queda mucho por hacer», ha dicho Sánchez, «pero lo cierto es que Garzón está emprendiendo importantes avances legislativos para la protección de los consumidores».

Con esta modificación, Consumo podrá incoar expedientes sancionadores y aplicar multas proporcionales a la gravedad de los hechos, el número de consumidores afectados y el beneficio ilícito obtenido por las empresas.

FACUA espera que la redacción del artículado de la reforma legal garantice de forma clara estas competencias sin condicionantes ni ambigüedades.

 

Más recursos para Consumo

En este sentido, la asociación considera fundamental que el Gobierno dote al Ministerio de recursos materiales y humanos suficientes para que pueda cumplir con garantías esta función de inspección y sanción de fraudes masivos.

Así, las comunidades autónomas seguirán teniendo las competencias sancionadoras que asumieron en sus estatutos de autonomía. Si una autoridad de consumo autonómica decide tomar medidas ante un fraude que afecte a consumidores de distintas comunidades, podrá seguir multando en función de los afectados de su territorio.

Por su parte, el Ministerio tendrá en cuenta en sus actuaciones sancionadoras si una o varias comunidades han incoado también expedientes, de manera que graduará la cuantía de la sanción para aplicarla en función de los perjudicados en los territorios donde las autoridades autonómicas en favor del organismo estatal.