El Consejo de Ministros aprueba el Plan de Acción por la Democracia en medio de una amplia polémica

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción por la Democracia, un conjunto de medidas que debería buscar fortalecer el Estado de Derecho y garantizar una información veraz y combatir la desinformación

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Plan de Acción por la Democracia, un conjunto de medidas que debería buscar fortalecer el Estado de Derecho y garantizar una información veraz y combatir la desinformación en España.

Debería ser una hoja de ruta para fortalecer los principales elementos de nuestro Estado de Derecho, combatir los riesgos de sufren las democracias -como la desinformación- y dar más herramientas y poder a parte de la sociedad española para evaluar la acción de los poderes públicos.

Sin embargo, este plan ha generado críticas por parte de ciertos sectores, que lo acusan de actuar de manera sectaria y discriminatoria, favoreciendo especialmente a medios afines y a los medios de comunicación que se publican en idiomas distintos al castellano, y marginando a otros medios de otras comunidades.

Críticas al enfoque del Plan

Las críticas han surgido en torno a lo que algunos ven como una discriminación en la distribución de recursos y apoyo a los medios de comunicación. Se señala que las reformas previstas podrían favorecer de forma desproporcionada a seudomedios que operan en lenguas cooficiales, mientras que los medios en castellano, especialmente aquellos de regiones donde no se habla otra lengua oficial, quedarían relegados. Esta situación ha generado un sentimiento de exclusión en algunas comunidades autónomas, que ven cómo los medios de comunicación locales, que desempeñan un papel crucial en la información pública, no reciben el mismo trato ni respaldo.

Falta de claridad en las políticas de transparencia

A pesar de las reiteradas solicitudes de explicaciones, el Gobierno no ha aclarado cómo se implementarán ciertos aspectos del plan, en especial aquellos que afectan a la transparencia y la rendición de cuentas. Este silencio ha sido interpretado por algunos como una falta de compromiso con los principios de transparencia que el propio plan supuestamente busca promover.

Además, se ha acusado al Gobierno de mantener una postura ambigua en relación con las promesas electorales no cumplidas y de no proporcionar respuestas claras sobre si sus cambios de postura deben considerarse «bulos» o simples ajustes políticos.

Un Gobierno tutelado desde la minoría parlamentaria

Otra línea de crítica ha sido el control del Gobierno sobre los medios de comunicación y la sociedad, a pesar de su minoría parlamentaria. Algunos ven este plan como un intento de supervisar la información que llega al público, restringiendo así el derecho a una prensa libre e independiente. En este contexto, la incapacidad del Ejecutivo para aceptar el voto y mandato del Parlamento sobre cuestiones internacionales, como el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, ha generado aún más controversia, pues se percibe como una muestra de falta de transparencia y una desconexión con la voluntad popular expresada a través de sus representantes.

Medidas clave del Plan de Acción por la Democracia

El plan en cuestión incluye 31 medidas que buscan reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información en tres ejes principales:

1. Poder ejecutivo y gobierno abierto.
2. Medios de comunicación y derecho a la información veraz.
3. Poder legislativo.

Entre las medidas más destacadas se encuentran:

• Registro de transparencia para medios de comunicación, con información pública sobre propiedad y publicidad institucional.
• Ley de secreto profesional para periodistas, que protege a las fuentes.
• Estrategia Nacional contra la Desinformación.
• Reforma de la Ley Orgánica del Derecho al Honor para combatir noticias falsas o tendenciosas.
• Obligación de celebrar debates electorales y publicación de microdatos de encuestas.

Aunque el Plan de Acción por la Democracia del Gobierno tiene como objetivo declarado el fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la desinformación, ha sido duramente criticado por su falta de claridad y discriminación hacia medios no claramente afines y por controversias no resueltas sobre transparencia.

En particular, varios medios nacionales han cuestionado su imparcialidad y la posible manipulación del ecosistema mediático en favor de ciertos sectores políticos y lingüísticos, mientras se excluyen o podrían censurar a otros actores del panorama informativo de España.