El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley para la Transformación Digital y la Función Pública para controlar los servicios digitales y medios de comunicación

La CNMC se convertirá en el organismo coordinador de servicios digitales, con facultades para inspeccionar, controlar y sancionar a las plataformas que incumplan

Designación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para supervisar el cumplimiento de las restricciones

Si bien el Gobierno busca garantizar una mayor transparencia y control en el uso de plataformas digitales y la gestión de los medios de comunicación, parece que podría generar efectos adversos …

El Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros, busca adaptar el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación, y plantea tanto avances como preocupaciones en la regulación del ecosistema digital y mediático del país.

Si bien el Gobierno busca garantizar una mayor transparencia y control en el uso de plataformas digitales y la gestión de los medios de comunicación, podría generar efectos adversos advertidos por especialistas y expertos, no considerados por la mitad del pais a la que representa el gobierno y al no estar citado entre sus compromisos electorales

La CNMC será el organismo encargado de decidir

Uno de los cambios más significativos es la atribución a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas competencias en la supervisión y fiscalización de servicios digitales. La CNMC se convertirá en el organismo coordinador de servicios digitales, con facultades para inspeccionar, controlar y sancionar a las plataformas que incumplan con las disposiciones del Reglamento Europeo de Servicios Digitales.

Si bien fortalecer la regulación de estos servicios es crucial en la era digital, la efectividad de esta medida dependerá de la capacidad real de la CNMC para asumir un rol tan amplio y complejo.

Actualmente, el organismo ya enfrenta limitaciones operativas y presupuestarias en otras áreas de su competencia. La concentración de nuevas responsabilidades sin una garantía de recursos adecuados podría comprometer su eficiencia y generar un efecto contraproducente: un marco regulador fuerte en el papel, pero débil en la práctica.

Supervisión de datos y publicidad con la AEPD 

Otra disposición relevante es la designación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para supervisar el cumplimiento de las restricciones sobre la publicidad basada en datos sensibles y el perfilado de menores. Si bien la protección de la privacidad y los derechos de los usuarios es un objetivo prioritario, la aplicación de estas regulaciones debe equilibrarse con la capacidad de las empresas para operar en el entorno digital.

El exceso de regulación podría generar incertidumbre en la industria publicitaria y afectar la viabilidad de muchas compañías que dependen de la publicidad digital como principal fuente de ingresos. 

Registro público de medios: ¿transparencia ?

El anteproyecto también introduce la creación de un registro estatal de medios de comunicación, dependiente de la CNMC, donde los medios de ámbito estatal estarán obligados a inscribir información sobre su estructura de propiedad e ingresos por publicidad institucional. Aunque la medida busca fomentar la transparencia y evitar la concentración indebida de poder mediático, también podría abrir la puerta a un mayor control gubernamental sobre la prensa.

El riesgo de que esta regulación se convierta en un mecanismo de presión sobre los medios es una preocupación válida, especialmente en un contexto donde la independencia editorial es un pilar fundamental de la democracia. La clave estará en establecer salvaguardas claras que impidan cualquier tipo de injerencia indebida por parte del Ejecutivo u otros organismos reguladores.

Se endurece el régimen sancionador

El anteproyecto también endurece el régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las normativas. Se contemplan multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta el 6% del volumen de negocios anual de la empresa infractora en los casos más graves.

Un marco sancionador disuasorio

Aunque es necesario un marco sancionador disuasorio para evitar abusos por parte de las plataformas digitales, también es crucial que las multas sean proporcionales y no perjudiquen a pequeños actores del sector. En particular, las pymes y startups podrían verse especialmente afectadas si no se establecen criterios claros para diferenciar entre grandes plataformas y empresas emergentes.

La transparencia y la protección de los consumidores son positivos pero no deben traducirse en un exceso de burocracia, sanciones desproporcionadas o mecanismos de control que puedan comprometer la independencia de los medios.

El debate parlamentario será clave para afinar los detalles de esta norma y asegurar que se convierta en un instrumento eficaz para la transformación digital, sin poner en riesgo la innovación ni la libertad de expresión.