El Gobierno aprueba la Ley de Rectificación 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, una reforma que busca modernizar la normativa de 1984 para adaptarla a la realidad digital

Según el texto, serán considerados “de especial relevancia” aquellos usuarios con más de 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 acumulados en varias

Aunque el texto no contempla censura previa, algunos críticos señalan que podría generar un efecto disuasorio, especialmente en creadores de contenido y periodistas independientes

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, una reforma que busca actualizar una norma con casi 40 años de antigüedad para adaptarla a la era digital. 

El texto promete ser un avance en la protección de los ciudadanos frente a informaciones falsas o inexactas, pero también despierta dudas sobre su alcance y sus posibles implicaciones para la libertad de expresión.

Si bien sus objetivos principales parecen loables —garantizar el derecho de rectificación y combatir la desinformación—, el texto plantea interrogantes sobre posibles implicaciones en la libertad de expresión y la efectividad de sus medidas.

Un marco renovado para la era digital

El anteproyecto amplía el ámbito de aplicación del derecho de rectificación, tradicionalmente centrado en los medios de comunicación, a nuevos actores como los influencers y usuarios de relevancia en plataformas digitales. Según el texto, serán considerados “de especial relevancia” aquellos usuarios con más de 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 acumulados en varias.

Además, establece obligaciones para los medios y plataformas digitales, como:

• Crear mecanismos accesibles para que los afectados puedan ejercer su derecho de rectificación.
• Enlazar las rectificaciones a las publicaciones originales y notificarlas claramente.
• Asegurar que la difusión de la rectificación sea gratuita, íntegra y con la misma relevancia que la publicación inicial.

Con estas medidas, el Gobierno pretende garantizar una mayor transparencia en el ecosistema digital y proteger a los ciudadanos frente a los riesgos de la desinformación.

Sin multas ni sanciones 

Aunque se eliminan requisitos burocráticos, como dirigirse al director del medio, y se amplía el plazo para solicitar rectificaciones de 7 a 10 días, la resolución de disputas sigue dependiendo de los tribunales, lo que podría alargar los procesos y dificultar el acceso de los ciudadanos menos favorecidos.

¿Límite a la libertad de expresión?

La inclusión de influencers y grandes usuarios de plataformas en el ámbito de aplicación genera inquietudes en ciertos sectores. Aunque el texto no contempla censura previa, algunos críticos señalan que podría generar un efecto disuasorio, especialmente en creadores de contenido y periodistas independientes, que podrían autocensurarse ante el temor de demandas legales.

La obligación de notificar rectificaciones podría ser vista también como un intento de etiquetar informaciones, condicionando su recepción y alimentando posibles tensiones políticas o sociales.

Entre derechos y riesgos

El Gobierno defiende la reforma como una herramienta clave para “promover una mayor calidad del debate público”, en línea con su Plan de Acción por la Democracia. Sin embargo, el equilibrio entre quien garantiza el derecho a una información veraz y la salvaguarda la libertad de expresión es un terreno resbaladizo.

¿Es esta ley un avance necesario en la era digital o un primer paso hacia un control excesivo de los contenidos en internet? La respuesta dependerá de su implementación práctica y de cómo se gestione la delicada frontera entre proteger derechos y evitar la censura.