FACUA califica de ataque a las libertades que el Gobierno pueda controlar comunicaciones digitales.

El Real Decreto Ley en materia de seguridad digital otorga al Ejecutivo la capacidad de intervenir o clausurar cualquier red o servicio digital por razones de «seguridad nacional» y «orden público». FACUA-Consumidores en Acción califica de ataque a las libertades que el Gobierno se haya otorgado la capacidad de tomar el control o intervenir cualquier red o infraestructura digital libremente, incluyendo el cierre de páginas webs, la realización de cortes del servicio, limitar la capacidad de las administraciones de elegir los sistemas de identificación ciudadana, etc.

La asociación advierte de que el Real Decreto Ley sobre materia de seguridad digital faculta al Ejecutivo para tomar estas decisiones con el simple hecho de alegar que está amenazada la «seguridad nacional» o el «orden público«, permitiéndoles intervenir «cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio» que sea necesario, sin límite.

Así, amplía las causas por las que el Gobierno puede decidir tomar el control de cualquier tipo de comunicación digital. Antes, podía ordenar el cese de urgencia y sin urgencia previa de forma cautelar únicamente por razones de seguridad pública, protección civil, emergencias, defensa de la vida humana o interferencia con otras redes. Con el nuevo texto normativo, el Ejecutivo podrá llevar a cabo estas actuaciones simplemente si considera, de forma mucho más amplia, que existen «supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, a la seguridad pública y la seguridad nacional«,

FACUA advierte de que esta modificación de la legislación permite, de facto, que el Gobierno cierre o controle páginas webs de forma libre o realice cortes de comunicaciones sin tener que atenerse a ninguna normativa o autorización judicial, simplemente alegando que suponen un peligro.

La asociación también critica que el Ejecutivo en funciones haya aprobado este Real Decreto Ley apenas una semana antes de la convocatoria de elecciones y por la vía de urgencia, sin permitir que la normativa haya pasado por el Congreso de los Diputados para ser debatida ni que las organizaciones de la sociedad civil hayan podido realizar sus aportaciones o críticas a la misma.

Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes 1 de noviembre, el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, modifica varios artículos de otras normativas. Entre ellas, la de telecomunicaciones y la de seguridad ciudadana.

El preámbulo de la ley recoge, como justificación a su creación, «los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español«. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, aseguró que uno de los objetivos de esta norma era evitar la llamada República Digital Catalana. «No habrá independencia offline ni online«, comentó.