FACUA, contraria a que los usuarios sean tratados como rehenes en la solución al conflicto de taxis y VTC

Para FACUA, los usuarios no deben tener que pedir Uber y Cabify con 1 hora de antelación como plantea Colau, la alcaldesa de Barcelona. La asociación advierte de que los usuarios no merecen ser tratados ni como rehenes ni como espectadores en la búsqueda de soluciones al conflicto entre taxis y VTC. FACUA-Consumidores en Acción se muestra contraria a que los usuarios deban solicitar los servicios de plataformas de VTC como Uber y Cabify con al menos una hora de antelación, como plantea la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

 

La asociación considera que de aprobarse la medida en la capital catalana o en cualquier otra ciudad española, se estaría restringiendo a los consumidores de forma injustificada el acceso a servicios de transporte con licencias VTC. Para FACUA, sólo un reducido porcentaje de pasajeros conoce con exactitud con tanta antelación en qué momento necesitará un servicio de estas características.

 

Medidas como la planteada por la alcaldesa de Barcelona solo provocarían en los usuarios confusión y desprotección, señala la asociación. Los usuarios no merecen ser espectadores ni rehenes FACUA insiste en reclamar a las administraciones que dejen de obviar los intereses de los usuarios en la búsqueda de soluciones ante las reivindicaciones del sector del taxi.

 

La asociación se solidariza con los taxistas ante la feroz competencia que ha llegado a España y comparte con ellos la necesidad de establecer un marco regulatorio que garantice la protección de la parte más débil del mercado frente a grandes empresas multinacionales. Pero FACUA recuerda que dentro de la parte más débil están los consumidores, que no merecen ser tratados ni como rehenes ni como espectadores en la búsqueda de soluciones al conflicto entre taxis y VTC.

 

La asociación señala que tanto la regulación del taxi como la de los vehículos con licencias VTC y la de las respectivas plataformas que actúan de intermediarias debe garantizar un marco de derechos de los pasajeros que en la actualidad resulta claramente insuficiente. Por ello, insta al Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos a que asuman la necesidad de tener en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los intereses de los consumidores en el diálogo abierto sobre el marco regulatorio de las VTC y en la necesaria actualización de las normas autonómicas y locales relativas al sector del taxi.