FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que lleve a cabo cambios regulatorios para potenciar un movimiento de consumidores fuerte e independiente y evitar que negocios fraudulentos simulen ser asociaciones de usuarios. La asociación advierte de que durante décadas se ha mirado hacia otro lado ante organizaciones que han recibido irregularmente dinero de empresas o que han inflado sus cifras de socios para acceder a subvenciones públicas.
Tras el caso Ausbanc, que estalló hace ya cuatro años, ninguno de los responsables ministeriales con competencias en protección de los consumidores ha emprendido una mejora de calado en la normativa y en los protocolos de control, cuyas enormes carencias quedaron entonces al descubierto, advierte FACUA.
Para FACUA, «durante décadas se ha mirado hacia otro lado ante organizaciones que han recibido irregularmente dinero de empresas o que han inflado sus cifras de socios para acceder a subvenciones públicas.»
En un escrito dirigido al ministro, la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, también le pide que los requisitos para que una organización de consumidores sea considerada representativa -y participe así en órganos consultivos- o acceda a subvenciones públicas incluyan que cuente con más de 10.000 socios con derecho a participar en sus órganos de gobierno y que aporten anualmente cuotas para contribuir a su sostenimiento. «Requisitos que deben ser auditados de forma rigurosa para detectar si determinadas organizaciones aportan datos falsos», señala.
Descontrol durante décadas
La secretaria general de FACUA critica que «durante décadas se ha permitido e incluso fomentado que se sostuvieran casi en exclusiva a costa del dinero público entidades que no sólo han carecido de una auténtica base afiliativa, sino que nunca han tenido el objetivo de contar con ella». Entidades que para acceder a las subvenciones y a la participación en órganos consultivos inflaban sus cifras de socios aprovechándose de la ausencia de controles por parte de los organismos competentes en la defensa de los consumidores.
«Ausencia de controles», advierte Ruiz, «que también ha favorecido que ciertas entidades hayan vulnerado la legislación que regula a las asociaciones de consumidores en lo que se refiere a las relaciones con el sector empresarial, saltándose la obligación de actuar con independencia frente a éste y llegando a dedicarse a publicitar productos y servicios y elaborar estudios financiados por empresas con el objetivo de promocionarlas».
También en comunidades autónomas
Se trata de una situación que también se ha reproducido en determinadas comunidades autónomas, por lo que FACUA considera igualmente de enorme importancia que el Ministerio impulse entre las autoridades autonómicas de consumo tanto la mejora de la legislación como la puesta en marcha de protocolos de inspección para verificar los datos que aportan las asociaciones de consumidores que concurren a subvenciones públicas o a ser reconocidas como representativas para tener participación en órganos consultivos.
Asimismo, FACUA lamenta que pocos meses antes de la configuración del nuevo Gobierno entró en vigor una nueva regulación que en determinadas cuestiones resulta aún más laxa, mientras además la ausencia de controles eficaces sobre su cumplimiento. Hasta el año pasado, las asociaciones tenían que contar con al menos 10.000 socios para acceder a las subvenciones de la Dirección General de Consumo, en esta legislatura adscrita al Ministerio de Consumo. A partir de ahora, la cifra se ha reducido a la mitad.
