En los últimos años, la CNMC ha sancionado a varias empresas cuyas prácticas anticompetitivas han afectado a la contratación de servicios públicos. Lo hemos visto en el expediente de los pañales para adultos, que afectó a la Seguridad Social, el de la recogida de basuras (a varios ayuntamientos en sus concursos para la recogidas de residuos), en el de las construcciones modulares (utilizadas para colegios o instalaciones educativas), en los desvíos ferroviarios de ADIF (algunos tramos del trazado del AVE) o en el de mudanzas internacionales (contratación de estos servicios para los traslados de funcionarios).
En la Guia de la CNMC contra el fraude en la licitación pública se ponen algunos ejemplos, por eso, la CNMC ha iniciado una campaña para solicitar la colaboración de los órganos de la Administración Pública, que son los encargados de realizar los contratos. Desde hace varios meses, el regulador imparte charlas formativas en diferentes administraciones y ahora pone a disposición una guía que facilita el proceso y permite comprobar en diez sencillos pasos si el proceso de licitación se ha realizado correctamente.
La contratación pública supera el 15% del PIB de España. Se ha estimado que la falta de competencia en las licitaciones públicas impone sobrecostes de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales. Por esta razón, la CNMC ha redoblado los trabajos en la detección de indicios de cualquier tipo de comportamiento anticompetitivo de las empresas oferentes en los concursos.
Se necesita mejorar el diseño de los concursos públicos
Para solucionar esta falta de competencia y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos propiedad de todos los ciudadanos, la CNMC viene insistiendo en la necesidad de mejorar el diseño de los concursos que realizan las distintas administraciones. El objetivo es que las cláusulas en los pliegos de contratación no incluyan restricciones injustificadas a un aprovisionamiento competitivo.
La CNMC ha detectado y sancionado manipulaciones de licitaciones públicas y privadas en todos los sectores de la economía en los últimos años. A la vista de las conductas ilícitas detectadas se ha decidido intensificar la persecución de los acuerdos que realizan las empresas para no competir en las licitaciones públicas. Estos acuerdos constituyen infracciones de la legislación de competencia y como tales se encuentran severamente castigados.
Sectores afectados por la falta de competencia en la contratación pública
Sin embargo, el carácter secreto de este tipo de acuerdos para no competir en las licitaciones con la Administración hace imprescindible la colaboración de los Órganos de Contratación y requiere que éstos puedan informar a la CNMC cuando detecten alguna conducta sospechosa en sus concursos.
Diez pistas para valorar posibles acuerdos entre las empresas
Con el fin de facilitar el conocimiento de los elementos que han de considerar las administraciones contratantes para detectar indicios de manipulación de un concurso, la CNMC pone a su disposición en su web una lista de diez elementos que se deben considerar a la hora de valorar la existencia de posibles acuerdos anticompetitivos entre las empresas que participan en el concurso. Por ejemplo, la existencia de un reducido número de licitadores, incoherencias en las ofertas, similitudes injustificadas y otros patrones de comportamiento sospechoso.
La CNMC anima a todos aquellos que participen en órganos de contratación que tengan indicios de este tipo de conductas o que quieran tener más información acerca de estos elementos que facilitan su detección a que se pongan en contacto con la CNMC a través del buzón de colaboración ciudadana (buzoncolaboració[email protected]) o bien por vía telefónica (+34 917 931 600).
La CNMC investigará todos los indicios de manera confidencial para confirmar la posible manipulación de la licitación. Asimismo, se puede aportar de forma anónima cualquier tipo de indicio a través del formulario habilitado para ello en la sede electrónica de la página web de la CNMC y del código QR que figura en el folleto.
La colaboración del personal de los órganos de contratación con la CNMC en esta materia puede ser fundamental para dar un impulso a la detección de este tipo de infracciones de competencia que son tan dañinas para el consumidor y que incrementan injustificadamente el coste de provisión de bienes y servicios públicos.