El Gobierno, a través del ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha presentado la reforma de la Ley General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios para adaptarla a las nuevas formas de comercio electrónico.
El anteproyecto recoge que el Ministerio de Consumo tendrá competencia sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a varios países o a la unidad de mercado.
La reforma recoge, por primera vez, la prohibición de publicidad encubierta en redes sociales
Mientras tanto, hoy el precio de la luz bate récords al escalar hasta los 106,57 euros el megavatio por hora, el nuevo máximo histórico, y la Vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera Rodríguez apela a medidas domésticas en lugar de a soluciones estructurales.
FACUA conmina al Gobierno a emprender de una vez nuevas medidas para poner freno a la especulación en la fijación de las tarifas eléctricas.
Mientras el precio de la luz bate récords al escalar hasta los 106,57 euros el megavatio por hora, sin medidas del Gobierno, Garzón ha explicado que, «en la actualidad, existe una asimetría de poder entre los grandes operadores y los consumidores, por lo que la futura norma sitúa a España en los mismos estándares europeos en la protección de los derechos de las personas consumidoras».
Además contribuirá, junto con las herramientas de las que dispondrán las comunidades autónomas, a que no se produzcan fraudes y abusos en los precios de los bienes y servicios, y evitará la distorsión del mercado.
El ministro ha destacado que se sancionarán las infracciones que afecten a la unidad de mercado y a la competencia, cuando sucedan en varios Estados de la Unión Europea o cuando el infractor no esté localizado en España en caso de comercio electrónico. Las sanciones llegarán a un millón de euros o a ocho veces el beneficio ilícito si se cometen solo en nuestro país, y hasta el 4% del volumen de negocio anual de la empresa que haya cometido el fraude o el abuso en varios Estados miembros.
La reforma recoge, por primera vez, la prohibición de publicidad encubierta en redes sociales
Alberto Garzón ha precisado que la reforma recoge, por primera vez, la prohibición de publicidad encubierta en redes sociales, y la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante en los productos vendidos por Internet. «Garantizamos que la persona que va a recibir un bien o servicio a través de Internet tenga claro que las opiniones están respaldadas por una experiencia vivida o por el consumo del producto y no por una estrategia comunicativa que busca distorsionar la información veraz», ha dicho.
Persigue la venta de entradas de espectáculos como una práctica desleal
El texto del anteproyecto también recoge la venta de entradas de espectáculos como una práctica desleal cuando el uso de bots impida el acceso de los consumidores a la compra por los canales habituales.
Asimismo, las empresas tendrán que informar a los clientes si les ha ofrecido un precio individualizado del producto o servicio tras haber obtenido información automatizada sobre sus navegaciones anteriores.
FACUA conmina al Gobierno a emprender de una vez nuevas medidas para poner freno a la especulación en la fijación de las tarifas eléctricas.
El precio de la luz en la subasta diaria batirá todos los récords este miércoles y se situará en 106,57 euros el megavatio hora (MWh). Hasta la fecha, el máximo histórico estaba en 103,76 euros, y este mes de julio se habían dado ya el segundo y tercer importe más caro, 99,80 el día 2 y 98,80 este martes 20.
La asociación plantea un decálogo de reivindicaciones, entre ellas un cambio en las reglas de la subasta del mercado mayorista, la bajada del IVA de forma permanente, el control de ofertas fraudulentas de las eléctricas y la aprobación de un nuevo modelo de bono social que represente al menos un 50% de descuento en la factura y del que se puedan beneficiar las familias que cobren no más de 2 salarios mínimos, que aumentarían hasta 3 en función del número y características de los miembros.
La asociación también exige una recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz.
