IAB Spain alerta sobre el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y reclama la necesidad de llegar a un acuerdo internacional al respecto y manifiesta su completa disconformidad IAB Spain prevé importantes consecuencias para la competitividad en España respecto al conjunto de la Unión Europea, no debiendo abordarse esta iniciativa a nivel nacional, sino internacional. Esta Ley no alcanzó consenso en el seno del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE en su reunión del pasado 5 de diciembre.
AB Spain, la asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España, siempre ha mostrado su disposición a adecuar el marco tributario actual a las particularidades de Internet. Sin embargo, una tecnología global y ubicua precisa de soluciones acordadas a nivel internacional, que se apliquen de un modo uniforme a los operadores de los diferentes países y que no introduzcan desequilibrios entre las empresas de unos u otros mercados.
Para IAB Spain, la adopción de estas medidas, pueden comprometer la competitividad de los operadores nacionales en un mercado global, ignorando los esfuerzos por alcanzar un consenso internacional en la materia.
La norma, además, impone una serie de cargas tecnológicas y administrativas para las empresas que requerirán, sin duda, de importantes inversiones, que habrán de ser abordadas en un contexto de clara inseguridad jurídica, sometido a próximos cambios por el legislador europeo.
Además, la naturaleza indirecta del impuesto, gravaría los ingresos, y no los beneficios de sus sujetos pasivos. Esto impactará esencialmente sobre las empresas españolas, que dirigen mayoritariamente sus servicios al territorio nacional, redundando en una menor competitividad para nuestra industria digital. Cabe destacar que el propio Consejo de la UE emitió recientemente un informe jurídico cuestionando que verdaderamente encaje en el concepto de un impuesto de naturaleza indirecta.
IAB Spain, que ya remitió sus aportaciones al trámite de consulta pública, manifiesta su completa disconformidad con el anteproyecto planteado, y reitera su voluntad de trabajar proactivamente con el regulador en esta y otras cuestiones que afectan a la industria digital.