La OCU ha recibido más de 8.200 consultas y reclamaciones en este sector sólo durante el primer semestre y pide más supervisión y control sobre las compañías para proteger los derechos de los consumidores y usuarios, ante una subida de precios de casi el 50% desde 2008. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publica en el número de septiembre de su revista OCU Compra Maestra un estudio sobre la calidad del servicio de empresas eléctricas y de gas en España. La principal conclusión es que los consumidores suspenden a las empresas en materia de satisfacción y servicio al cliente. En el último año, las tarifas de gas y electricidad se han disparado en un 19%, y han subido casi un 50% desde 2008. La liberalización de las mismas no ha contribuido sino a empeorar las condiciones de mercado para los usuarios. Según el último estudio de la OCU, un 42% de los encuestados no conoce qué tipo de tarifa eléctrica tiene contratada. La cifra se eleva al 49% en relación al desconocimiento de tarifas con la compañía del gas. En los últimos 12 meses, un 30% afirma haber tenido algún problema con su compañía eléctrica y un 20% con su compañía de gas, con niveles de insatisfacción por encima del 70% en la resolución del problema, en ambos casos. Estos datos se extraen de las más de 8.200 consultas y reclamaciones recibidas en la OCU durante el primer semestre del año y de la encuesta realizada entre sus socios. La encuesta también se ha realizado en Portugal, Italia y Bélgica.
Entre los problemas más destacados se encuentran los relacionados con la factura, los cortes en el suministro por fallos en la red y las dificultades
generadas por la información confusa de los servicios de atención al consumidor. Las eléctricas españolas suspenden, con una media de satisfacción de 3,9, y han sido las peor valoradas frente a las belgas (7,1), las italianas (6,5) y las portuguesas (6,0). En este contexto, en el que las compañías de gas y electricidad ofrecen niveles insuficientes en los servicios de satisfacción y atención al cliente, el Gobierno se plantea eliminar la tarifa básica, medida que sólo contribuiría a agravar la situación. Por ello, cerca de 100.000 personas ya se han sumado a la campaña de la OCU por el mantenimiento de la Tarifa de Último Recurso (TUR)