La FEDE mencionó la posibilidad de realizar un estudio complementario para evaluar la frecuencia y justificación de procedimientos como la vía de urgencia
En el debate que siguió a la presentación del Observatorio de los Concursos Públicos de Relaciones Públicas y Digital,González Pastor, Directora de la ADC señaló que «La ley permite margen de mejora en muchos aspectos, como conocer los servicios contratados, valorarlos adecuadamente y permitir vías de presentación complementarias a las electrónicas».
Un debate que siguió a la presentación del Observatorio de los Concursos Públicos de Relaciones Públicas y Digital, impulsado por LaFEDE (Federación de Empresas de Comunicación y Publicidad) y ADC (Asociación de Directivos de Comunicación), Nuria Catalá, Directora de Negociación y Compra en Equmedia, destacó cómo las agencias de medios perciben la gestión de los concursos públicos y la importancia de gestionar adecuadamente los procesos de licitación en la Administración Pública.
Para Catalá, «los datos revelados por el Observatorio son abrumadores y la gestión de estos concursos por parte de las agencias de medios, creativas y de comunicación requiere tiempo, talento, esfuerzo y paciencia. Más allá del aspecto financiero, es esencial considerar que el volumen de dinero impone una responsabilidad adicional a los profesionales. Sin embargo, Catalá enfatiza que el anunciante público no debería ser tratado de manera diferente al privado. El objetivo debe ser llegar al mayor número de personas de manera óptima y transparente, cumpliendo con los objetivos establecidos en cada campaña.»
Sobre el cumplimiento de las bases legales y el control en los concursos públicos, Dolores González Pastor, de ADC, señaló que «desde ADC, nuestro interés en participar en este estudio era analizar si las convocatorias cumplen las pautas mínimas que deben tener en la contratación pública de las administraciones. La Ley de Contratos del Sector Público es compleja pero es fundamental para garantizar la utilidad de la inversión del dinero público y para mantener un control adecuado. Estamos hablando de dinero público, lo que implica una responsabilidad.»
González Pastor, desde la ADC destacó que «la contratación pública no coloca a las administraciones en una relación igualitaria, y debe ser reconsiderado. La ley permite margen de mejora en muchos aspectos, como conocer los servicios contratados, valorarlos adecuadamente y permitir vías de presentación complementarias a las electrónicas».
Uno de los temas importantes es la proporcionalidad, ya que la contratación pública debe responder a principios legales y no imponer requisitos innecesarios. La oferta económica no debe ser el único criterio para adjudicar contratos, y se deben tener en cuenta factores como la calidad y el componente creativo, que pueden tener un peso de hasta el 45%».
«La proporcionalidad -añadió- es esencial, especialmente cuando se trata de contratos de un cierto valor, para no excluir a agencias y consultoras especializadas pero de menor tamaño».
Finalmente, se destacó la importancia de los plazos, ya que los concursos con plazos muy ajustados dificultan la presentación de ofertas de calidad y perjudican al sector privado. La solicitud de plazos razonables es fundamental para garantizar la calidad en la presentación de ofertas.
Sobre los procedimientos de urgencia… aunque no se mencionan explícitamente en el estudio solo podrían justificarse en casos específicos, como la pandemia. Sin embargo, se destaca la importancia de justificar adecuadamente estos procedimientos y asegurarse de que no se conviertan en la norma.
Fernando Montañés, Director de El Estudio, habló sobre la importancia de recordar que el estudio no abarca la ilegalidad, pero se enfoca en la mejora de los procesos. También se mencionaron los procedimientos de urgencia y la posibilidad de justificarlos, especialmente durante la pandemia.
Se discutieron los criterios de valoración del Observatorio, con un enfoque en los concursos de relaciones públicas y se destacó la importancia de la calidad en lugar de basarse únicamente en el precio más bajo. Se mencionaron los plazos de los concursos y se sugirió que deberían equipararse más al sector privado.
Se habló sobre la necesidad de considerar las cláusulas medioambientales, sociales y de innovación en los concursos públicos. También se mencionó la falta de capacidad técnica en la administración para evaluar propuestas en el campo digital y de medios.
En general, se enfatizó la importancia de mejorar los procesos de los concursos públicos para garantizar la calidad de los servicios y el uso eficiente de los recursos públicos. Además, se mencionó la colaboración entre asociaciones y la necesidad de ser escuchados por la administración para lograr estos objetivos.
Finalmente se mencionó la posibilidad de realizar un estudio complementario para evaluar la frecuencia y justificación de procedimientos como la vía de urgencia.