La OCU sugiere que esta prohibición debería extenderse a otros sectores, como el de la telefonía, debido a los problemas de falta de transparencia y abusos
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha expresado su respaldo a la prohibición de la contratación telefónica de servicios de electricidad y gas, como se recoge en el proyecto del Reglamento General de Suministro y Contratación.
Además, la OCU sugiere que esta prohibición debería extenderse a otros sectores, como el de la telefonía, debido a los problemas similares de falta de transparencia y abusos que afectan a los consumidores.
Encuesta Reveladora sobre las Llamadas Comerciales
Una reciente encuesta de la OCU indica que el 90% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, con un 40% de ellos recibiendo más de seis llamadas al mes, especialmente de compañías energéticas y de telefonía. Estas cifras reflejan un problema persistente que ha llevado a la organización a exigir a la Agencia de Protección de Datos que intensifique sus labores de control y sancione las prácticas abusivas.
Falta de Transparencia y Abusos Comunes
La encuesta también revela que una de cada cinco llamadas comerciales incumple la normativa, ya que los teleoperadores no identifican correctamente a la empresa para la que trabajan. Además, es común que los comerciales presenten información engañosa sobre tarifas y cambios normativos, utilizando datos personales de los usuarios para hacer más creíbles sus argumentos.
Insatisfacción con los Servicios de Atención al Cliente
La OCU también destaca la insatisfacción generalizada con los Servicios de Atención al Cliente (SAC) de diversas industrias. En concreto, el 39% de los usuarios de gas y el 32% de los de electricidad expresan su descontento con la atención recibida, una situación que se agrava cuando los abusos derivados de las contrataciones telefónicas no se resuelven adecuadamente.
Pendiente la Ley de Servicios de Atención a la Clientela
OCU recuerda que sigue pendiente la aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela desde 2023, una normativa que podría mejorar significativamente la resolución de abusos y agilizar las reclamaciones de los consumidores.