«Urge liquidez, más allá del día 15 la firma necesitaría un crédito puente de entre 50 y 60 millones de euros de aplicación a partir de esa fecha para pagos a proveedores, impuestos y necesidad circulante», recogen Europa Press y Expansión. Tras el concurso voluntario, la banca acreedora queda a la espera, a la espera de que la firma presente finalmente esta semana sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Unas entidades acreedoras dispuestas a poner en marcha un plan de viabilidad para que la firma gallega pueda salir del concurso, que ya se han visto obligadas a provisionar el 25% de la deuda concedida a la firma, tal y como recoge la normativa. Un porcentaje que se elevaría al 100% si en el plazo de un año no se ha logrado ‘levantar’ el concurso, según explican estos medios, de fuentes financieras, que han cifrado la deuda del grupo en torno a los 2.700 millones de euros, es decir, más de 1.200 millones de euros por encima de lo que figura en el pasivo auditado (1.522 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2012).
«Puede pasar cualquier cosa» porque tras la solicitud de concurso de Pescanova, otras filiales del grupo han optado por seguir los pasos de Pescafina, y su ‘preconcurso’ de acreedores.»Irán más detrás, es lógico, es un efecto dominó», señalan estas fuentes, que indican que el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, contaba con el ‘quorum’ suficiente para aprobar la solicitud de concurso voluntario de acreedores desde que se inició la reunión del consejo de administración del pasado jueves. «Podía haber durado media hora, lo tenía claro desde que llegó al consejo», han indicado las mismas fuentes. Solamente cinco de los doce consejeros que integran el consejo de administración de Pescanova votaron en contra de la solicitud del concurso voluntario de acreedores y de la revocación del auditor BDO Auditores.
PwC y Deloitte se perfilan como las alternativas posibles para revisar sus cuentas y convertirse en su auditor ‘forensic’ (especialista en prevención y detección del fraude), tras la marcha de BDO, contra la que la firma gallega ha interpuesto una demanda al considerar que no ha realizado correctamente su trabajo.
