La publicidad institucional, o aquella que proviene de las administraciones públicas, ha sido objeto de críticas recurrentes desde hace mucho tiempo

Para Presidentex, el desafío a la legislación vigente, al permitir que estas plataformas incumplan las normativas de comunicación comercial, socava la credibilidad de las leyes que protegen al consumidor y la competencia leal

De hecho la Plataforma de Contratación del Estado lleva congelando la neutralidad de su ‘buscador’ desde el pasado 26 de agosto, hecho nunca ocurrido antes, dificultando la competencia, ante «problemas técnicos» señalan a El Programa de la Publicidad

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La publicidad institucional, o aquella que proviene de las administraciones públicas, ha sido objeto de críticas recurrentes desde hace mucho tiempo. La mayor parte de las quejas de la industria se han centrado en la forma en que las administraciones adjudican sus concursos, donde la oferta económica parece tener más peso que la excelencia creativa. Este enfoque, aunque discutido, no es del todo cuestionable si las bases del concurso explican claramente los criterios de adjudicación.

PRESIDENTEX considera alarmante que las instituciones, tan exigentes en algunos aspectos, permitan la asignación de grandes presupuestos publicitarios a plataformas digitales y redes sociales que no cumplen con las mismas normativas y obligaciones que se exigen a los medios nacionales o locales… este es el texto

Publicidad institucional ejemplar y responsable

Es muy cierto que la publicidad que venimos denominando ‘institucional’ (la publicidad de las administraciones públicas) lleva siendo objeto de críticas continuadas desde tiempo casi inmemorial. Pero también es un hecho que la mayoría de las quejas de la industria han estado relacionadas con la forma de adjudicar sus concursos (casi siempre no remunerados, dicho sea de paso).

Se acusa a las administraciones de dar una mayor importancia a la oferta económica que a la excelencia creativa de las campañas presentadas, algo que, siendo una realidad, no nos parece lo más censurable, siempre que el criterio esté bien explicado en las bases del concurso.

Sin embargo, sorprende mucho que estos organismos públicos, tan pendientes de que los oferentes sean rigurosos cumplidores de múltiples requisitos, sean tan laxos a la hora de asignar partes muy significativas de sus presupuestos a medios, soportes y plataformas que deberían tener proscritos, por principio.

Estamos hablando de redes sociales y otros formatos digitales.

Que hay plataformas dominantes incumplidoras de múltiples condiciones, que sí se exigen a los medios locales y nacionales, es una realidad indiscutible y escandalosa.

¿Cómo puede ser que se entregue dinero público a quienes no se hacen responsables de casi ninguna de las obligaciones que todo medio serio respeta y cumple?

Son condiciones cuyo incumplimiento produce daños reales y objetivos a la sociedad, a la industria y a la economía. Estos son algunos de esos flagrantes perjuicios:

• Desafían la legislación vigente en materia de comunicación comercial, poniendo en entredicho la efectividad de las normas establecidas y diluyendo su eficacia moral.
• Perjudican a los medios responsables, sin respetar todos los principios de la competencia leal.
• También lo hacen al consumidor, desprotegido ante un vacío legal que genera privilegios a quien transgrede el espíritu de las leyes promulgadas en defensa de los ciudadanos.
• Al propio Estado, que deja de recaudar impuestos por las transacciones económicas a poderosos gigantes tecnológicos que no tributan en España.
• A la sociedad civil, huérfana de protección legal ante la utilización ilícita de datos que vulneran la privacidad de las personas.
• Al medio ambiente, contribuyendo al crecimiento de la descomunal huella de carbono generada que, a nivel global, ya representa el 4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
• Sin olvidar el daño causado, en última instancia, al mismo organismo titular de la acción publicitaria, que, sin obtener una ventaja objetiva, exterioriza su connivencia con quienes son una amenaza para la salud mental, favoreciendo un entorno nada edificante para la sana formación de los jóvenes.

Nada de lo anterior (y no hemos sido exhaustivos en los daños relacionados) es compatible con la ejemplaridad exigible a una administración pública en el ejercicio de sus actividades publicitarias.

Las instituciones son, precisamente, quienes deben hacer gala de un comportamiento responsable, también en publicidad.

Informex Informales 15

PRESIDENTEX

La Plataforma de Contratación del Estado lleva congelando la neutralidad de su ‘buscador’ desde el pasado 26 de agosto, hecho nunca ocurrido antes, dificultando la competencia, ante «problemas técnicos» señalan a El Programa de la Publicidad

Reconocen la incidencia y ‘sugieren’ «realizar búsquedas desde la pestaña publicaciones, a través de búsqueda», que ya no permite las búsquedas habituales