La Agencia Tributaria ha confirmado que investiga la filial de Google, sobre los impuestos que declara Google en España, con una unidad especializada según el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que podrá actuar sobre todos los contribuyentes de las 17 delegaciones autonómicas. El Ministerio de Hacienda se ha lanzado a atajar aquellos abusos en fiscalidad, de las grandes multinacionales. Así, como han hecho Reino Unido, Alemania o Francia, que exigen a Google el pago de 1.000 millones en impuestos, la Agencia Tributaria pondrá en marcha esta oficina especializada contra abusos de grandes compañías como Amazon, Apple, Facebook o el propio Google. El MInisterio cree justiticado este despliegue al haber detectado situaciones de «ciertos grupos» de presencia internacional que han utilizado España como vía para cargar «de forma exagerada» gastos sujetos a deducción fiscal, mientras los beneficios los declaran en otros países con impuestos más bajos como Irlanda, Luxemburgo u Holanda. Por este motivo, el Gobierno ya rebajó los gastos financieros que las empresas se pueden deducir en el impuesto de sociedades.
España es uno de los países europeos que cuenta con mayor abanico de deducciones de gastos en el impuesto de sociedades. De esta forma, las multinacionales reducen al máximo su carga fiscal con «prácticas de planificación fiscal agresiva». La recaudación de este Impuesto ha caído de forma más pronunciada que el PIB –los ingresos del impuesto sobre los beneficios empresariales descendió un 60% entre 2007 y 2010– y si bien Hacienda no atribuye todo el descenso a las prácticas fraudulentas, sí que lo achacan en parte a planificaciones fiscales de este tipo.
Google o Amazon están siendo investigadas en paises europeos como Francia, Alemania o Reino Unido al declarar beneficios mínimos para pagar menos impuestos y concentrar su facturación en terceros países. «Algunas empresas multinacionales son capaces de trasladar la tributación de sus ganancias fuera de las jurisdicciones en las que se están generando, minimizando así sus pagos de impuestos en comparación con las empresas más pequeñas, menos internacionales», señalaba un comunicado de la reciente reunión de ministros de Economía del G-20. La OCDE ya está analizando el problema en un proyecto denominado BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, erosión de la base imponible y traslado de beneficios) y está previsto que presente un primer informe en febrero.
También en materia de fiscalidad internacional, Ferre ha anunciado que España y Estados Unidos acaban de rubricar un acuerdo para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la Ley de Cumplimento Tributario de Cuentas Extranjeras, FACTA por sus siglas en inglés, lo que permitirá que las entidades financieras de ambos países tengan que comunicar a sus autoridades fiscales información referente a contribuyentes del otro país firmante y, seguidamente la información se intercambiará entre las autoridades fiscales de forma automática mediante un procedimiento estandarizado, sin necesidad de que alguno de los dos países tenga que solicitarlo previamente, y se extenderá a Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. España recibirá así información a su vez, de las entidades financieras sobre intereses percibidos por contribuyentes españoles.
