El Parlament ha aprobado su Ley de Publicidad Institucional (salvo los artículos 9 y 10 y la Disposición final segunda) que impedirá la «propaganda política y partidista» por las administraciones públicas, según la portavoz del Govern, Joana Barceló. UM intentó que no se creara la Comisión de Publicidad Institucional en el Parlament para evitar la constitución de nuevas estructuras administrativas.. La Ley establece la creación de la Comisión para vigilar que se cumpla la Ley, y presentar un informe anual de la actividad de publicidad institucional. UM, bajo la excusa de evitar gastos quería que fuera las propias instituciones las que anualmente, elaboraran una memoria anual de sus actividades de publicidad institucional, aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de cada administración, y evitar así un control efectivo. La norma regula el límite presupuestario que puede destinar una administración a la publicidad institucional, al tiempo que establece que no se podrá pagar las campañas a precios superiores a la media del mercado.