Más del 28% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, mientras mientras Hacienda no variará la fiscalidad del 1% para las sicavs de grandes fortunas. El riesgo de pobreza o exclusión en España ha crecido en casi cinco puntos porcentuales, de 23,3% al 28,2% en 2012, según datos de Eurostat recogidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE)
Desde 2007, la población en riesgo de pobreza o exclusión social habría aumentado en la Unión Europea en una media de los UE-27 del 24,4% en 2007 a un 25% en 2012. El Estado miembro con la tasa de pobreza más alta sigue siendo Bulgaria, donde casi la mitad de la población está en riesgo, seguido de Rumanía, que tiene en esta situación al 41,7% de sus habitantes. Letonia, Grecia, Lituania y Hungría tienen un tercio de la población en riesgo de pobreza mientras Italia e Irlanda rozan el 30%, según el IEE. Entre los países europeos con menos población en riesgo de pobreza están Alemania, Eslovenia, Francia y Dinamarca con cifras en torno al 19%. En Luxemburgo y Suecia las cifras bajan al 18% y 17% en Finlandia y Austria. República Checa y Países Bajos tienen solo un 15% de población en riesgo de pobreza.
Y mientras el Ministerio de Hacienda habría renunciado a incluir la tributación de las Sicavs, instrumento más empleado por las grandes fortunas para beneficiar a su patrimonio en la futura reforma fiscal. Una reforma que se aprobará en 2014 sin cambios en la tributación de las llamadas sicavs, sociedades de capital variable que cotizan en nuestro país al tipo mínimo del 1% en el impuesto de Sociedades, según señalan fuentes de Hacienda a El Economista. Al parecer no ven necesaria ninguna modificación. Pero no descartan anunciar alguna modificación para que la Agencia Tributaria pueda recuperar el control sobre si una sociedad es o no sicav. Desde julio de 2005 esa competencia recae únicamente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en virtud de una enmienda presentada por CiU a la Ley de Reformas en materia tributaria para el impulso a la Productividad.
La enmienda, respaldada por PSOE (en su etapa de Gobierno) y PP, reforzaba el papel de la CNMV frente a la Inspección Tributaria, que hasta entonces dirimía si una sociedad cumplía o no los requisitos para acogerse al régimen fiscal especial; o si una sociedad podía tributar al 1% o debía hacerlo al 35% general. Esos requisitos son que la sicav debe tener un mínimo de 100 accionistas, sin contar los que tengan participaciones superiores al 25%, y deben constituirse con un capital mínimo de 2.400.000 euros. Sus activos deben estar diversificados y deberán tener estipulado en sus estatutos el capital variable entre el mínimo y el máximo. La CNMV tenía registradas hasta el 31 de marzo de este año un total de 2.979 sicavs, con 404.844 partícipes, que gestionan un patrimonio que suma 24.599 millones de euros hasta ese momento, lo que supone un aumento del 3,6% en relación al trimestre previo y del 0,1% si se compara con el mismo periodo del año anterior.
Una cantidad nada menor que supone la mitad del rescate bancario pedido por España, y que no afecta así a los ricos ni a los bancos, ni a los consejeros de las Cajas y entidades financieras rescatadas pero sí a los pequeños propietarios, a los asalariados, a la clase media, autónomos y funcionarios, sangrados por la misma Hacienda que perdona -como ya hiciera el PSOE de Zapatero en su etapa de gobierno- a las grandes fortunas una fiscalización más ecuánime a la impuesta al resto de la sociedad.
