El escándalo de la entrevista retribuida a la madre del Cuco en «La Noria» ya tiene iniciativa parlamentaria en La Comisión Constitucional del Congreso que tratará la proposición no ley de Coalición Canaria (CC) para prohibir que las televisiones puedan pagar a condenados por la justicia con sanciones económicas pendientes, ni a sus familiares o allegados. Se trata de la proposición no de ley realizado por la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, que pide al Gobierno español modificar la legislación para impedir que las personas condenadas por la justicia y sus familiares puedan lucrarse por relatar sus testimonios en programas de televisión. Según Ana Oramas «es perverso que un crimen genere beneficios a su autor o familiares por ir a una televisión a hablar de ello».
En un comunicado Oramas reclama que se ilegalice cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas, y que esa prohibición incluya a sus familiares o allegados. la diputada también señala la posibilidad de que se prohiban remuneraciones para personas imputadas en la comisión de delitos o condenados por los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado.
Oramas cree que la los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se ha multiplicado en las últimas fechas con nuevos personajes que subrayan la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares. De ese modo, comenta Oramas, se da la circunstancia de que medios que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado premian a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla. CC pide al Ejecutivo la «ilegalización» de esos pagos a determinados reos y allegados a través de la modificación de la Ley de Televisión Privada y de la Ley de RTVE.
