Después de algunos meses de puesta en marcha del proceso del CORA (recursos e impugnación de por medio) y del Concurso para centralizar la cuenta de medios de Publicidad Institucional del Estado, recientemente impugnada, la AM manifiesta su opinión a través de esta nota. “A nuestro juicio ha sido francamente negativo para la industria publicitaria y seguimos opinando – ahora más que nunca – que la Administración, que debe dar ejemplo de transparencia, coherencia y promover la integridad, incentiva todo lo contrario.” manifiesta Leo Farache director de la AM.
«Quien reparte las cartas, quien pone las normas es la Administración y los jugadores que quieren y deben jugar la partida – las agencias – no les queda más remedio que poner en sus propuestas condiciones que no tienen ningún sentido (p.ej. costes GRP desde 51 hasta 12.000 €) o confundir GRPs por alguna otra unidad (puesto que la oferta es absolutamente imposible de cumplir) para poder ganar los concursos. La Administración debe promover unas normas claras que sean justas y beneficiosas para los convocados y el convocante que, curiosamente, se ve perjudicado por unas reglas que carecen de cualquier lógica empresarial y de comunicación. Es también responsabilidad de la Administración por el correcto uso de los fondos públicos – propiedad de los contribuyentes – que no son utilizados de la forma que es deseable para su optimización.
La AM se reunió en varias ocasiones en la Secretaría de Estado de Comunicación aportando un documento creado por un comité de expertos, con una propuesta concreta sobre cómo realizar de forma eficiente, transparente los concursos públicos. “Nunca obtuvimos una respuesta a ese documento, salvo que “lo hemos estudiado”. Creemos que el empeño de la Administración en comunicar su voluntad de transparencia no tiene ningún valor mientras los hechos demuestren lo contrario”, concluye Farache.
La AM considera que todos los colectivos empresariales salen perjudicados con la aplicación del CORA. Ni los medios – planificados, a veces, de forma irregular, sin atender a los criterios de audiencia y eficacia -, ni las agencias – que tienen que hacer un trabajo de ingeniería concursal en vez de realizar eficazmente su trabajo – pueden considerar que la aplicación del CORA haya mejorado una situación mala.
