Se trata de una denuncia de FACUA, Consumidores en Acción de graves irregularidades en las subvenciones de la Junta de Andalucía para beneficiar a la asociación de consumidores del PSOE. Según comunica FACUA, la Junta castiga con recortes a FACUA y aumenta injustificadamente la financiación a UCA-UCE, después de que un informe de la Cámara de Cuentas revelase que ha utilizado reiteradamente el dinero público para fines distintos a los subvencionados. La denuncia ha sido hecha en rueda de prensa por los secretarios generales de FACUA Andalucía, Rubén Sánchez, y Al Andalus, Isabel Peñalosa. Rubén Sánchez denuncia que «las políticas de protección al consumidor del Gobierno andaluz están paralizadas, agonizantes, desde que el presidente Griñán decidió ponerlas en manos de la consejera de Salud, María Jesús Montero». Sánchez ha reclamado «la apertura de una investigación sobre lo que hay detrás de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, la organización del PSOE a la que el Gobierno ha vuelto a premiar este año regalándole una subida del 8% en las subvenciones de Consumo a costa de recortárselas a FACUA y Al-Andalus, posiblemente como castigo por nuestra independencia». Para Facua el argumento con el que pretende justificar la Dirección General de Consumo para colocar a UCA-UCE a la cabeza de las subvenciones es que es la organización de consumidores que atiende más consultas y tramita más reclamaciones. «Pero los datos que aporta la Unión de Consumidores de Andalucía son falsos y el Gobierno lo sabe», advierte el secretario general de FACUA Andalucía. «¿Cómo puede una entidad que según confirman nuestras encuestas es desconocida para la gran mayoría de los andaluces atender a más consumidores que nosotros?», señaló Sánchez. Entre las anomalías destapadas por la Cámara de Cuentas según esta organización de consumidores destaca «un gran número de incidencias en la práctica totalidad de los procesos de gestión de las subvenciones otorgadas» por distintas consejerías en 2005 a UCA-UCE. Entre ellas, dicen en comunicado, «la debilidad del control interno» con esta organización y «un inadecuado uso de la figura de la subvención» como instrumento para financiarla. En cuanto a procesos de justificación, se admiten imputaciones de gastos expresamente no subvencionables, así como otros, cuya naturaleza no guarda una relación directa con la aplicación a la finalidad pretendida en la subvención, lo que podría ser causa de inicio de expedientes de reintegro», concluye el informe de la Cámara de Cuentas. Sin embargo, la Junta de Andalucía no exigió a UCA-UCE que devolviese el dinero en ningún caso. Tampoco » existen documentos que permitan concluir la realización efectiva de determinadas actividades», advierte la Cámara de Cuentas en uno de los apartados de su informe. «El Gobierno andaluz consintió que UCA-UCE utilizase el dinero público en conceptos no subvencionales, como «justificantes de gastos financieros y amortizaciones de créditos suscritos por el beneficiario en ejercicios anteriores» a los de las propias órdenes de subvenciones. También permitió que incluyese nóminas de sus dirigentes «como justificantes de gastos de personal, sin que se hayan identificado las tareas profesionales que dan lugar al devengo del salario». En una subvención solicitada para la celebración de un acto, incluyó gastos «sin relación directa» con el mismo, «como cuotas de seguridad social de toda la plantilla» y «otros servicios afectos a actividades que ya son subvencionadas en otras líneas».
