El informe del Tribunal de Cuentas revela que los municipios de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza gastaron en publicidad institucional más de 215 millones de euros entre 2005-2007, aunque más de la mitad de este gasto, fué solo de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid gastó más de 121 millones en ese período, aunque redujo su gasto en más del 23% desde los 45,7 millones de 2005 a los 35,1 de 2007. Mientras en el Ayuntamiento de Madrid adscriben una parte importante de este esfuerzo a las candidaturas olímpicas, para el anterior Secretario de Estado para el deporte y y líder socialista en el ayuntamiento de Madrid, se trata de «una crónica de una mala gestiona anunciada». Para Lissavetzky la «política de despilfarro de gasto desaforado» de Ruiz-Gallardón «ha llevado a que Madrid sea la ciudad mas endeudada de España». Para el portavoz del PSOE, la cantidad destinada a publicidad institucional, es «el doble de la de Barcelona», y la mayoría fueron concursos «sin la suficiente publicidad», con «falta de transparencia», de los que pedirá explicaciones a Ruiz-Gallardón tras el informe del Tribunal de Cuentas. El mismo Tribunal establece que las entidades locales que «no pueden valerse» de la publicidad institucional para dar a conocer los servicios que prestan o los logros que consigue, ya que contravendría la normativa estatal y autonómica, por restricción de la libre competencia. El Tribunal reclama que la publicidad institucional, dado su elevado coste, sea exclusivamente para información a los ciudadanos de sus derechos y deberes y otros aspectos de interés general.