El Pleno del Congreso aprobó este martes la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que flexibiliza la gestión de las televisiones autonómicas con entrada de empresas privadas. La cámara votará la enmienda introducida en el Senado para que para recuperar la mención expresa a la prohibición de la pornografía y la violencia gratuita retirada del texto anterior. La reforma modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en 2010 y ha sido tramitada por el vía de urgencia. En su tramitación, hubo quejas de grupos de la oposición de que la reforma suponía una invasión de las competencias autonómicas, mientras el PP defendía la necesidad de reducir la deuda de las autonomías. Una ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir si mantienen sus televisiones autonómicas, prestándo este servicio directamente o encargarlo a una empresa privada, manteniendo los cargos políticos al frente, como meros supervisores que van a cobrar su regalía. Los nuevos gestores no podrán tener déficit porque «no se permitirán desequilibrios en los presupuestos».
La Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha han pedido ayuda o han anunciado que utilizarán la reforma aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas. Otras como Aragón Tv o Baleares, ya tienen externalizados algunos de esos servicios subcontratados a empresas privadas. Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3% menos que en 2009, ante menores ingresos publicitarios, por lo que la media por hogar español fué de 152 euros, un 5,6% más que el año anterior, según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España de Deloitte para la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).
La enmienda a votada es la del cambio en el artículo 7.2 de la Ley Audiovisual, modificado en el Congreso, que establece que «está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita». La protesta entre otros de AUC (Asociación de Usuarios de la Comunicación), junto a algunas formaciones políticas, hizo recuperar la prohibición expresa a la pornografía y la violencia gratuita que se quitó del texto, por una enmienda del PP. La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia) y AUC entendieron que la modificación implicaría sanciones para España por parte de las autoridades europeas y permitir que se interpretara que la pornografía y la violencia gratuita estaba permitida en la televisión. Ahora se felicitan del cambio del texto a favor de la recuperación de la mención expresa contra «pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita».
