El Consejo de Administración de RTVE pide al Ministerio de Economía y Hacienda y a la CMT el cumplimiento de la Ley 8/2009 de Financiación de TVE

Ante la gravedad de la situación económica de RTVE, ante los incumplimientos de los acuerdos a cambio de la retirada de la publicidad de RTVE, el Consejo de Administración de RTVE ha solicitado urgir al Ministerio de Economía y Hacienda y a la CMT el cumplimiento de la Ley 8/2009, de 28 de agosto. Se trata de la Ley de Financiación de la Corporación de la Radio y Televisión Española. Según el artículo 3.2.a) de dicha ley se fija en los Presupuestos Generales del Estado que el total de ingresos por todos los conceptos de RTVE para 2010 y 2011 sea de 1.200 millones de euros anuales. Pero no ha sido así y en el ejercicio 2010, los ingresos públicos aprobados legalmente para CRTVE, «se verán previsiblemente reducidos como consecuencia de la disminución de las aportaciones previstas por parte de los operadores audiovisuales y de telecomunicaciones» señala el Consejo de RTVE. «A esto se añade una menor recaudación del importe de la tasa del dominio público radioeléctrico respecto a la presupuestada y una resolución de la CMT que origina la reducción de los sujetos pasivos obligados a efectuar la aportación correspondiente». Ante esta circunstancia «se ingresarán 63,5 millones de euros menos de lo presupuestado y aprobado por ley». Es destacable que la gestión de la dirección de RTVE ha supuesto en este ejercicio de 2010 un ahorro muy significativo por la política de contención del gasto que se ha aplicado, reduciéndolo por debajo del límite establecido por la Ley de financiación», señala el Consejo en un comunicado de RTVE. Ante el previsible ataque de las tvs privada exigiendo que TVE cede o revenda los derechos de emisión de motos o la Champion, portavoces de RTVE señalan que la circunstancia de penuria del entre no se debe a que hayan administrado mal los fondos que les corresponden por ley, para dar estabilidad a su gestión y a la relevancia del medio, sino a la falta de cumplimiento en las aportaciones previstas en el parlamento por todos los grupos parlamentarios.