El Consejo de Ministros ha aprobado un recorte en su Plan de Publicidad y Comunicación del 56%, unos 45 millones de euros, según Sáenz de Santamaría. El Gobienro solo hará 61 campañas este año, 47 menos que el año anterior El 56% se contabiliza respecto a lo invertido por el último Gobierno, 222 millones de euros en 2011. En publicidad institucional de los distintos departamentos con destino a los medios de comunicación ha sufrido el mayor recorte respecto al recorte del 20% de los 276 millones de euros gastados en 2010. Un Consejo de Ministros que reconoce el estar estudiando el cobro de peajes pero que no ha sido traído a este Consejo.
La inversión en publicidad institucional de la Administración General del Estado se reduce un 56% en 2012. La promoción de hábitos saludables y seguros y los derechos sociales son los objetivos prioritarios de las campañas institucionales en 2012. El Plan del Consejo de Ministros para 2012 prevé una inversión de 35,3 millones de euros, lo que representa una reducción del 56% por 100 respecto a la planificación del pasado año. Si se tiene en cuenta la inversión en publicidad comercial, la suma prevista alcanza los 137,5 millones de euros, un 38,2 por 100 menos que en 2011.
«El Plan pondrá a disposición de las asociaciones del sector y de los ciudadanos, de acuerdo con el principio de transparencia del Gobierno, a través de la web de Moncloa (www.la-moncloa.es)», ha anunciado la Vicepresidenta del Gobierno. «El Plan recoge información detallada de cada una de las 61 campañas institucionales – 47 menos de las recogidas en el Plan del año anterior – que serán desarrolladas en 2012 por los ministerios, organismos y entidades públicas, con especificación de objetivos de cada campaña, coste previsible, periodo de ejecución, herramientas de comunicación a utilizar, difusión y públicos a los que se dirigen.
Un 66% de la inversión institucional se destina a campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía, al cuidado del entorno, (seguridad vial, ahorro energético, medio ambiente, salud y hábitos de vida, prevención en el consumo de medicamentos y alimentación) y a la promoción de derechos de los ciudadanos (sensibilización contra la violencia de género, oferta educativa y cultural, fiscalidad, etcétera). Las campañas institucionales de los Ministerios del Interior, Defensa, Empleo y Seguridad Social, Fomento, Industria, Energía y Turismo y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad representan el 80 por 100 del total del presupuesto.
En cuanto al número de campañas, los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Educación, Cultura y Deporte, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fomento suman 40 de las 61 campañas institucionales. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el que tiene previsto realizar un mayor número de campañas, un total de 16, mientras que el Ministerio del Interior es el que realiza el mayor esfuerzo inversor de todos: 10,3 millones de euros.
Tres campañas institucionales superan los cuatro millones de euros, la de «Seguridad Vial», de la Dirección General de Tráfico; la de «Proximidad de las Fuerzas Armadas y apoyo al reclutamiento», del Ministerio de Defensa y la relacionada con «Diversos aspectos de la Reforma Laboral», del Servicio de Empleo Estatal. Las campañas se difundirán mayoritariamente en prensa, internet, revistas, exterior, radio y televisión, por ese orden. El Plan incluye, además, un listado de campañas comerciales, con información de los organismos que las promueven y coste de las mismas. Para 2012 está prevista la realización de 49 campañas comerciales, con una inversión prevista de 102, 2 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto que establece el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico y desarrolla la regulación contenida en la Ley 21/2011, de 26 de julio, sobre esta materia. Con la aprobación de este Real Decreto finaliza la transposición completa de una Directiva comunitaria de 2009. El Real Decreto persigue tres objetivos fundamentales: en primer lugar, precisa el régimen jurídico aplicable a la emisión de dinero electrónico, clarifica su definición y el ámbito de aplicación de la norma; además, completa el diseño de un régimen jurídico más proporcionado para estas entidades, que hasta ahora soportaban costes elevados; por último, la norma establece los regímenes de supervisión y sancionador para estas entidades, similar al de las entidades de crédito.
