El Consejo de Ministros podría aprobar este viernes la la ley para mejorar la cadena alimentaria, para su implantación el próximo trimestre. La futura ley recogerá previsiblemente algunas observaciones realizadas por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y el sector agrario, aunque mantendría las infracciones que contemplaba el anteproyecto, con multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria, agricultores, industria y distribución, que cometan prácticas abusivas en el sector alimentario. Para la CNC el sistema de infracciones administrativas y el régimen sancionador propuesto en este anteproyecto generaría «un elevado riesgo de ruptura de la unidad de mercado, al posibilitar la aplicación incoherente del régimen dependiendo territorial de referencia».
El anteproyecto contempla un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre agentes de la cadena alimentaria y la obligación de formalizar por escrito los contratos, cuyos elementos esenciales serán pactados por las partes con prohibición de determinadas prácticas comerciales, como los pagos comerciales no previstos, tan denunciados por la CNC. El control administrativo, con potestad sancionadora, quedará en manos del Ministerio de Agricultura, y se crea un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria que impulsarían el Ministerio y asociaciones representativas de esta industria.
El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Joaquín García Bernaldo de Quirós, explicó este lunes en el Congreso sus dudas sobre la Ley de la Cadena Alimentaria propuesta por el Gobierno, ante el hecho de que las «asimetrías» del sector no se deben a fallos en el mercado. «Para justificar la entrada de una regulación específica hay que detectar el fallo del mercado, y determinadas asimetrías en este sector no son ‘per se’ un fallo de mercado», señaló Bernaldo de Quirós, en línea con las autoridades comunitarias de la competencia, que propugnan «aplicar las normas de competencia a todo lo que tenga que ver con el sector agrario y agroalimentario como la mejor forma de mejorar su eficacia».
El objetivo sería que la ‘parte débil’ del mercado agrícola y ganadero (los productores) fueran «capaces de establecer mecanismos de reequilibrio en el mercado sin necesidad de una fijación artificial de precios» y abogan por el fortalecimiento de la posición negociadora con medidas como la obligación de firmar contratos y de que exista un registro de contratos, «con aplicación de la Ley de Competencia desleal, y la acción de la justicia, en los tribunales ordinarios».
Para el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) no puede paralizar la ley de la cadena alimentaria, cuyo texto final ha mejorado, con la incorporación además de algunas sugerencias del organismo dependiente del Ministerio de Economía.»Hemos mejorado el texto respecto al anteproyecto recogiendo algunas de las sugerencias para que no existan las preocupaciones que tiene la CNC». «En España hay un millón de productores agrarios, 4.000 cooperativas y 30.000 empresas agrioalimentarias, con diez grupos de distribución que son los compradores finales». «La oferta está muy atomizada, la demanda está muy concentrada y tenemos que buscar el mayor equilibrio en el funciomaniento de las relaciones entre productores e industria y entre industria y distribución».
