Fuentes próximas a El Corte Inglés han puntualizado a El Programa de la Publicidad las informaciones sobre la querella de la Corporación Ceslar admitida a trámite por un juzgado en noviembre, a instancias de la Audiencia Provincial de Madrid. «Se trata de una información antigua», señalan, del pasado 17 de noviembre. La Corporación Ceslar, propietaria del 9,001% de El Corte Inglés,acusaba a a El Corte Inglés delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental, vulneración al derecho de información y blanqueo de capitales, según recogía hoy El Confidencial.
«Efectivamente hay una querella presentada por la familia Areces, contra la operación realizada por El Corte Inglés, pero fue inadmitida por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid». Luego -según las mismas fuentes- los Areces recurrieron ante la Audiencia Provincial que hizo un auto en que descarta, o no los cita, los delitos citados de administración desleal o el blanqueo de capitales.
La querella no admitida, o solo e parte, está dirigida -según el medio- contra el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, los consejeros Manuel Pizarro, Carlos Martínez Echevarría, Shahzad Shahbaz y Florencio Lasaga, el secretario del consejo, Antonio Hernández-Gil, y el supuesto asesor externo de la compañía David Barreiro así como las sociedades Noganoir Capital y Tereze Capital, vinculadas a este último, señala la información.
La Audiencia Provincial de Madrid a raíz del recurso de Ceslar, ha ordenado al juzgado más información como los contratos de los pagos en comisiones por parte de El Corte Inglés a las entidades mercantiles investigadas, ante una supuesta labor de asesoramiento en la operación del préstamo de 1.000 millones convertibles en acciones del grupo del jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, exprimer ministro de Qatar, a través de la sociedad luxemburguesa Primefin, en julio de 2015.
El Corte Inglés en la época de Isidoro Álvarez, firmó un acuerdo preliminar por la intermediación en la entrada del jeque árabe. Barreiro es socio junto a César Álvarez (hermano de Isidoro Álvarez y miembro de la Fundación Ramón Areces, principal accionista de El Corte Inglés) y tío del presidente, Dimas Gimeno.
Los contratos se pidieron antes de interponer la querella, por el supuesto trabajo de intermediación,ante abonos del grupo aunque el medio señala que se cree que no se produjo y que «encubre el pago de comisiones a favor de terceros cuya identidad se desconoce». Se trataría de pagos encubiertos mediante sociedades opacas en claro perjuicio de la sociedad, señala la parte querellante, cuyo representante fue expulsada del consejo de administración de El Corte Inglés en agosto de 2015.
También aparece como favorecido por las comisiones -se señala- en la misma operación del crédito concedido, el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley por su asesoramiento. Todos estos pagos fueron requeridos por la Audiencia Provincial, en el auto del pasado noviembre, ordenando al Juzgado num. 46 admitir la querella, «descartando los delitos citados como la administración desleal o el blanqueo de capitales», señalan fuentes próximas a El Corte Inglés.
«La audiencia provincial misma descarta estos delitos, no obstante, acuerda una serie de diligencias, como, en primer lugar, que vaya a testificar el querellante para acreditar el porqué de esta querella, mientras a El Corte Inglés, lo único que se le pide es que aporten documentos de actuación de la compañía y que argumenten lo infundado de la querella». «Ni la audiencia ni el juzgado cita a ninguno de los querellados, ni siquiera los declara investigados, ni los citan a declarar, ni nada de nada. Estamos ante una disputa judicial sobre si la querella va a progresar o no».
En cuanto a la petición de entrega de informes de distintas entidades financieras y justificantes de entrega a consejeros «no se cita como investigados, ni a declarar, a ninguna de las personas citadas en la información, solo a la querellante, para escuchar su versión».
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid se hizo cargo en su día de la expulsión de Carlota Areces, prima de Dimas Gimeno, del consejo de administración de El Corte Inglés por “quebranto del deber de sigilo” del máximo órgano de gestión de la compañía, por revelar detalles de la entrada en el capital del accionista catarí jeque Hamad Bin Jassim, indica el medio.
Para las fuentes consultadas por El Programa de la Publicidad, la audiencia provincial «no cita la existencia de delitos de administración desleal o blanqueo de capitales en El Corte Inglés. Ni expresamente dice nada de administración desleal, ni blanqueo de capitales», «ni están citados por ningún motivo ni por los titulares que se indican, de blanqueo y Administración Desleal». Sobre los delitos, en el punto quinto, se señala que “descartada la comisión del delito de administración desleal, del art. 295 del código penal, al haber sido dejado sin contenido por la LO 1 /2015 de 30 de enero, la desleal gestión reprochada a los querellados que habría tenido, entre otros, episodios, el cesar como miembros del Consejo de Administración a la propia querellante, por su actitud -se le denomina expresamente, represalia- con lo que se descarta la alusión a blanqueo de capitales”.
«El auto de la Audiencia Provincial de Madrid descarta los dos delitos citados pero, sin embargo, dice que hay que seguir investigando otras cuestiones» señalan otras fuentes a El Programa de la Publicidad. «El Juzgado de Instrucción n.46 de Madrid admitió la querella, de Ceslar que recurrió a la Audiencia provincial de Madrid, que, a su vez, sacó un auto en noviembre del que se hacen eco ahora los medios, pese a que se descartan los dos delitos con los que se titulan las informaciones».
