Se trata de la contestación del Gobierno al diputado de UPN en el Congreso, Carlos Salvador, que preguntaba sobre las medidas previstas para solventar esta habitual práctica durante los bloques de anuncios. El incumplimiento puede conllevar sanciones de hasta 500.000 euros, según establece la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010. El Gobierno responde que, según la Ley General de la Comunicación Audiovisual, existe el principio de separación e identificación de las comunicaciones comerciales respecto del resto de la programación, pero no de esta manera, indicando que «el nivel sonoro de los mensajes publicitarios no puede ser superior al nivel medio del programa anterior» que será constitutivo de «infracción grave», recoge Europa Press.
Las multas establecidas para tales incumplimientos van desde 100.001 hasta 500.000 euros en televisión y 50.001 a 100.000 euros en el caso de los radiofónicos, pero también para servicio de comunicación electrónica y de catálogo de programas. Las competencias sancionadoras para medios de comunicación audiovisual de ámbito estatal, son de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el caso de medios autonómicos, la competencia sancionadora corresponde a sus comunidades autónomas.
Una regulación del volumen de los anuncios «condicionada por circunstancias técnicas» y en ellas trabajan desde 2005 técnicos para una «normalización o armonización de los estándares de sonido, así como fijar unos niveles máximos», como el Foro Técnico de la TDT, de marzo de 2005, auspiciado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y ahora administraciones, operadores de TV, operadores de red, asociaciones de fabricantes, medidores de audiencias, anunciantes, productores de contenidos, organizaciones de consumidores, asociaciones de empresas instaladoras, colegios profesionales o centros tecnológicos.
En el caso del grupo de trabajo de audio se realiza un seguimiento de los procesos de normalización técnica en el contexto internacional en que se promueve la adopción de los estándares internacionales.
