El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una nueva legislación que introduce una tarjeta electrónica para promover la movilidad de profesionales que deseen trabajar en otros países europeos. Según las nuevas normas, los profesionales sanitarios, como médicos, enfermeros o farmacéuticos, a los que se les prohíba practicar la profesión en su país de origen como resultado de una medida disciplinaria o de una condena penal, tampoco podrán ejercer en otro Estado miembro. Los países tendrán dos años para transponer las nuevas normas, que han sido adoptadas por 596 votos a favor, 37 en contra y 31 abstenciones.
Las nuevas normas permitirán agilizar el proceso de reconocimiento de las cualificaciones profesionales por parte de otro país europeo mediante la introducción de una tarjeta profesional europea. Según la nueva legislación, los Estados miembros expedirán la tarjeta a las personas en posesión de un título que acredite su cualificación profesional, a petición de estas. La Comisión Europea decidirá qué profesiones podrán beneficiarse de la tarjeta entre aquellas que muestren su interés y donde exista una movilidad significativa.
«La introducción de una tarjeta profesional europea que establezca un marco común para la formación y reconozca los periodos de prácticas como experiencia profesional mejorará la movilidad y la seguridad de los profesionales europeos», declaró la ponente de este asunto, la socialista francesa Bernadette Vergnaud, durante el debate previo al voto. En la UE existen 800 categorías profesionales y siete de ellas (médicos, odontólogos, farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, matronas y arquitectos) están reconocidas automáticamente en todos los Estados miembros gracias a una directiva europea de 2005.
El proceso estará basado en el sistema existente de intercambio de información sobre el mercado interior (IMI). El objetivo de la propuesta es agilizar los trámites de reconocimiento de cualificaciones, puesto que sería el país de origen el que se haría cargo de la gestión, en vez de tener que solicitarlo al país de acogida, como sucede en la actualidad. Si las autoridades no responden a una solicitud de reconocimiento de cualificaciones en los plazos establecidos en la directiva, dicha solicitud se dará por aprobada. El proceso de reconocimiento de las cualificaciones profesionales en algunos casos podrá concluirse en un mes.
La nueva legislación también obliga a las autoridades nacionales a alertarse mutuamente en caso de que a un profesional sanitario que se beneficie del reconocimiento automático se le prohíba ejercer la profesión, aunque sea de manera temporal, como consecuencia de una medida disciplinaria o de una condena penal. En estos casos, la prohibición se extenderá a todos los países de la UE. La nueva legislación también obligará al Ejecutivo europeo a establecer una base de datos pública de las profesiones reconocidas en la UE. Esta base de datos se crearía con la información que aporten los Estados miembros, quienes tendrían que demostrar que cualquier decisión para regular una profesión es proporcional y no discriminatoria. Profesiones como la de florista o conductor de taxi no están reguladas en todos los países de la UE.
Foto: Agustín DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRA, Diputado del Grupo Popular Europeo, Democristiano.
