La Eurocámara ha aprobado este miércoles un informe en el que pide la exclusión de los condenados por corrupción de las listas de candidatos a las elecciones europeas y nacionales de los Estados miembros. Además, los diputados proponen a los países que retiren de cargos políticos, directivos o administrativos a todas las personas culpables de dicho delito. Estas recomendaciones están incluidas en el informe final de la comisión especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero.
Los eurodiputados rechazan que personas con una sentencia condenatoria firme por delincuencia organizada, blanqueo de dinero o corrupción pueda presentarse a unas elecciones en la UE y pide a los Estados miembros que introduzcan normas para la retirada de los cargos de las personas condenadas. Además, reclaman una mayor transparencia en los presupuestos de los partidos y sanciones disuasorias en caso de violaciones de la ley de financiación.
Estas medias forman parte de un paquete de recomendaciones sobre la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero, aprobado con 526 votos a favor, 25 en contra y 87 abstenciones. El ponente Salvatore Iacolino (PPE, Italia) advirtió durante el debate que «el problema tiene una dimensión mundial». En este sentido, afirmó que esta resolución supone «una lista de acciones concretas para que se implementen durante el próximo periodo legislativo».
El Parlamento Europeo ha recomendado un plan de acción comunitario para el periodo 2014-2019, en el que plantea medidas para afrontar la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero. Entre las prioridades destaca la confiscación de los activos financieros de las redes de delincuencia y el bloqueo de sus fuentes de ingresos. Las cifras de la Europol revelan que actualmente existen 3.600 organizaciones criminales internacionales que operan dentro de la UE, de las cuales el 70 por ciento tiene miembros de diferentes países.
Los eurodiputados reiteraron su petición de crear una Fiscalía Europea para coordinar las investigaciones nacionales y combatir los crímenes que afectan a los intereses financieros de la UE. Esta oficina debe estar equipada con los recursos humanos y financieros necesarios, subrayaron los parlamentarios. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) estima que las actividades ilegales suponen el 3,6 por ciento del PIB mundial, mientras que la Comisión calcula que el daño causado por la corrupción en la UE asciende a 120.000 millones de euros al año, lo que equivale al 1,1 por ciento del PIB de los Veintiocho.
Los parlamentarios abogaron por suprimir el secreto bancario y la eliminación de los paraísos fiscales en la UE, con el objetivo de proteger los intereses financieros de la Unión. En este sentido, reclamaron que los bienes confiscados deben ser reutilizados para fines sociales. El Parlamento reclama sanciones más severas contra los traficantes de personas y mejorar la protección de las víctimas, con vistas a erradicar la trata de seres humanos y el trabajo forzoso.
La trata de seres humanos genera unos beneficios económicos estimados en 25.000 millones de euros al año y afecta a todos los Estados miembros. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) eleva el número total de trabajadores forzados en la UE a 880.00 personas, de las cuales 270.000 son víctimas de la explotación sexual.
El PE también quiere que el amaño de los partidos deportivos esté tipificado como delito penal, con sus debidas sanciones. Además, pide que la compra de votos se considere como un delito, incluso en aquellos casos en donde los beneficios son intangibles. La resolución aprobada este miércoles establece un plan de acción para el próximo Parlamento, Comisión y Consejo, para dotar a la UE con los instrumentos necesarios para lucha en contra de la delincuencia organizada a nivel internacional, europeo y nacional. El texto fue redactado por la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero, formada en marzo de 2012 para evaluar el impacto de las actividades de tipo mafioso en la economía y sociedad de la UE y elaborar recomendaciones.
