AUC señala que esta modificación anticipa la adopción de medidas represivas contra los usuarios, ilegalizando prácticas de acceso a los contenidos hasta ahora permitidas. Ante la anunciada aprobación en el próximo Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de modificación de la actual normativa sobre propiedad intelectual, la Asociación de Usuarios de la Comunicación considera que tiene algunos aspectos positivos, pero quiere manifestar su rechazo a la propuesta de reducir, hasta casi eliminar, la posibilidad de que los ciudadanos puedan realizar copas privadas de contenidos a los que acceden legítimamente, tal y como puede hacerlo en la actualidad. Ello obligará, además, a la futura adopción de medidas penalizadoras contra los usuarios para impedir esas copias, lo que no es sólo coloca a estos en una situación de ilegalidad por hacer lo que hasta ahora estaba permitido, sino que va a obstaculizar aún más la lucha contra la lacra de la piratería de contenidos digitales.
Para AUC, el Gobierno se ha metido en un callejón de difícil salida que nos aleja, además, de los modelos de gestión de la propiedad intelectual existentes en la mayoría de los países de nuestro entorno, así como de las propias directrices de la Unión Europea. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Brevemente, la secuencia de los hechos es la siguiente:
1. Hasta el año 2011 el modelo español de regulación de la propiedad intelectual, permite, de acuerdo con las opciones previstas por la Directiva europea en la materia, la copia privada por parte de los ciudadanos de contenidos a los que accedan legalmente, a cambio de una “compensación equitativa” para los titulares de derechos obtenida a través de un gravamen o canon aplicado al precio de los equipos y soportes que permitían la grabación.
2. A partir de ese año, y como respuesta al pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la UE que obligaba a no aplicar el canon a aquellas personas “no físicas” que previsiblemente no utilizan los equipos y soportes para realizar copias, el Gobierno cambia radicalmente el modelo y suprime el canon digital, sustituyéndolo por una compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y señalando que la cuantía de esa compensación “se determinará tomando como base la estimación del perjuicio causado.” Es decir, en el año 2012 no debería de haberse imputado ya el canon digital a los equipos y soportes vendidos, aunque habría que analizar si ello se ha traducido en una rebaja de los precios de esos equipos y soportes por parte de la industria tecnológica para los usuarios finales.
3. Al año siguiente, por medio de un nuevo Real Decreto, se establecen los criterios “objetivos” para determinar la cuantía anual de la compensación y se define el procedimiento de liquidación y pago a los titulares de los derechos “en función de la disponibilidad prevista” en los Presupuestos Generales del Estado. Es evidente que, en un momento de crisis como el actual, pasar el anterior “canon digital” a este nuevo “canon estatal” supone cargar sobre las espaldas de muchos ciudadanos que ni copian ni tienen equipos para hacerlo, el peso de una compensación que hasta ahora pagaban otros; pero además, esa “disponibilidad prevista” es evidentemente reducida y en modo alguno alcanza para abonar a los titulares de derechos las mismas cantidades que venían percibiendo hasta entonces. Por ello se realiza un nuevo cómputo del “lucro cesante” a compensar, que se reduce en más de un 90% pasando de 113 a 5 millones de euros para el año 2012, sin que haya ningún dato que avale que el “perjuicio causado” por la copia privada de contenidos se haya reducido, y menos en tales porcentajes.
4. Finalmente, el círculo se cierra con este anteproyecto de Ley que se pretende aprobar ahora en Consejo de Ministros, y que prevé una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual para limitar la posibilidad de la copia privada sólo de forma “individual” y para a aquellas obras “a las que se haya accedido mediante radiodifusión, únicamente con el propósito de permitir su visionado o audición en un momento temporal más oportuno”. Tras esta oscura definición se esconde la prohibición de copias privadas para su disfrute en el tiempo y en cualquier soporte, la prohibición del intercambio de ficheros, y sobre todo la prohibición de copias privadas a las que se acceda a través de de canales no lineales e interactivos, es decir de internet, que es hoy la principal fuente de consumo de contenidos audiovisuales. ¿Quién copia hoy ya a partir de la radio y la televisión?. Por ello, en la práctica, esta norma que se pretende aprobar acaba de facto con la copia privada.
Por todo lo anterior, la Asociación de Usuarios de la Comunicación rechaza el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y pide un debate sobre la compensación por copia privada que deje de penalizar (cuando no “ilegalizar”) al usuario y asocie dicha compensación a los agentes de la cadena de valor que se lucran precisamente gracias a la existencia de la copia privada.
