El CCU no pedirá a Mato respeto al derecho de las asociaciones de consumidores a hablar de enseñanza y sanidad pública. FACUA lamenta la actitud del resto de organizaciones miembros del CCU, que difiere de la de decenas de organizaciones de consumidores de Europa y América. El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) mantuvo este pasado miércoles un debate de casi 3 horas sobre el oficio remitido a FACUA-Consumidores en Acción por la secretaria general de Sanidad y Consumo y presidenta del Instituto Nacional del Consumo (INC), Pilar Farjas. Farjas daba a FACUA como plazo hasta el 22 de agosto para que paralizase cualquier tipo de actividad o manifestación pública en relación a la sanidad y la educación públicas, bajo la amenaza de que en caso contrario será ilegalizada como asociación de consumidores, esto es, se procederá a su expulsión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Después de que la presidenta del CCU, Francisca Sauquillo, haya informado públicamente sobre lo aprobado en la reunión, FACUA ha considerado necesario emitir un comunicado para aclarar el contenido de la propuesta que realizó ayer en el debate su portavoz, Rubén Sánchez. Propuesta que no fue apoyada por ninguno de los demás vocales, dirigentes de oganizaciones de consumidores, asistentes a la reunión. Durante el debate, Sánchez propuso que el CCU enviase una carta a Farjas y a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la que le trasladase «su rechazo a la argumentación esgrimida por el INC de que una asociación de consumidores y usuarios no puede actuar en cuestiones relacionadas con la enseñanza o la educación públicas por estar supuestamente prohibido por la legislación vigente y la advertencia de que hacerlo podría implicar la expulsión del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios».
La misiva propuesta por FACUA también pretendía que se señalase a la ministra y la secretaria general de Sanidad y Consumo que, «en cualquier caso, debe prevalecer el derecho constitucional de las asociaciones de consumidores, como de cualquier organización o ciudadano, a la libertad de expresión, información y opinión». FACUA lamenta la actitud del resto de organizaciones miembros del CCU, que difiere de la de decenas de organizaciones de consumidores de Europa y América Latina que se han dirigido a Ana Mato para mostrarle su repulsa a la amenaza de ilegalización.
FACUA también está recibiendo un incesante número de mensajes de solidaridad por parte de los ciudadanos y de las principales organizaciones de la sociedad civil española. Entre las iniciativas de apoyo a está la firma del manifiesto Por la libertad de expresión, contra la ilegalización de FACUA, promovido por cerca de setenta periodistas y artistas. El CCU es uno de los órganos consultivos del Gobierno de los que FACUA sería expulsada si finalmente es objeto de ilegalización. Está integrado por diez asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal y una cooperativa de consumidores. Del actual Consejo forman parte ocho asociaciones de consumidores generalistas Asgeco, Ceaccu, CECU, FACUA, FUCI, OCU, UNAE y UCE (única que no asistió a la reunión), dos asociaciones sectoriales de comunicación, AUC, y banca, Adicae, y una cooperativa de consumidores, Hispacoop.
