El Pleno del Senado aprueba este miércoles la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que permite a las cadenas de televisión públicas autonómicas a dar entrada a empresas privadas en la gestión de estos canales, que se pondrá en vigor poco después de su publicación en el BOE. El Partido Popular no parece que tenga previsto aceptar enmiendas que el resto de grupos por lo que la reforma no tendrá que volver al Congreso y quedará lista para su publicación. La Ley, tras la anterior de 2010, permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas, si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit al no permitirse «desequilibrios en los presupuestos». Una privatización que parece usarán las Comunidades de la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus cadenas. Otras como Aragón o Baleares ya lo han hecho ‘de facto’ con algunas empresas privadas, como Secuoya o están en ello.
Una tramitación de reforma de la Ley Audiovisual (LGA) que ha levantado quejas y denuncias como la de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia) o la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), por la eliminación del artículo que prohíbe expresamente emitir pornografía y violencia gratuita en televisión en virtud de una enmienda propuesta por el PP. Una enmienda que el senador Alejandro Muñoz Alonso, ponente del Grupo Parlamentario Popular, explicó que el PP no va a apoyar porque el actual texto prohíbe «en conjunto todos los contenidos que puedan perjudicar al desarrollo mental, físico o moral de los menores», por lo que «no hace falta citar específicamente a la violencia o pornografía porque está todo incluido». Lo que no supo explicar es por qué entonces se retiró del artículo 7 de la Ley General Audiovisual, la prohibición expresa de emitir «programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita», que actualmente incluye la Ley Audiovisual.
La Ley mantiene la prohibición genérica de emitir «contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores», y sitúa los horarios de protección reforzada entre las 8.00 y las 9.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas, en días laborables, y entre las 9.00 y las 12.00 horas, en sábados, domingos y festivos de ámbito estatal, para no emitir contenidos recomendados para mayores de 13 años.
