FACUA-Consumidores en Acción muestra su rechazo al peligroso plan de saneamiento que pondrá en marcha el Gobierno para destinar miles de millones de dinero público a Bankia como medida para evitar la nacionalización de su matriz. La organización advierte que no puede cederse eternamente al chantaje de que se trata de una entidad sistémica -su quiebra podría desestabilizar el sistema financiero- máxime teniendo en cuenta sus decenas de miles de millones de activos problemáticos vinculados al ladrillo. Advierte FACUA que la entidad lleva años vampirizando al Estado logrando ayudas públicas para salir de la crisis mientras, como el conjunto del sector, no tenía escrúpulos en desahuciar a multitud de familias incapaces de hacer frente al pago de sus hipotecas y cerrar el crédito a usuarios y pymes, al tiempo que su presidente y accionistas se repartían sueldos y dividendos millonarios.
El desfase en el valor contable de su matriz equivale a su patrimonio. Su matriz, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), que controla el 52,4% de Bankia, tiene 31.798 millones de euros de activos problemáticos vinculados al inmobiliario (el 17% del total del sector), siendo la mayor promotora de España. BFA tiene contabilizada la participación de Bankia en 12.000 millones en su balance, pero su valor actual es de sólo 2.000 millones en Bolsa y 8.500 a nivel contable, según han verificado los auditores de Deloitte. De repercutirse los 3.500 millones de diferencia entre la participación que declara en Bankia y el valor contable real contra el patrimonio de la entidad, 3.515 millones, éste se dejaría a cero.
Y para evitar que BFA se quedase sin patrimonio hay dos opciones: La primera, convertir en capital los 4.465 millones de participaciones preferentes del Estado, convirtiéndolo así en su único accionista, con la consiguiente nacionalización de todo su capital. La segunda, la que ha anunciado el Gobierno, una nueva inyección de fondos públicos de entre 7.000 y 10.000 millones. Esta inyección hará que el respaldo del Estado a Bankia desde el inicio de la crisis financiera en 2008 supere los 40.000 millones de euros. Actualmente, la cifra asciende ya a 33.000 millones de euros, fruto de las decisiones adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el sector financiero, prácticamente la única política en la que recibió el apoyo del PP. A ellos se sumarán los hasta 10.000 millones que representaría el plan de saneamiento de la entidad anunciado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Según recoge El País, Bankia tiene pendientes de devolver al Tesoro 28.583 millones más intereses por los avales le solicitaron su matriz, Banco Financiero y de Ahorro, y las cajas que participaron en la fusión han solicitado al Tesoro. Además, hay otros 2.500 millones aportados al Banco de Valencia por el Fondo de Garantía de Depósitos, un instrumento financiado por el propio sector. Se trata de 1.000 millones recibidos del Fondo más la cantidad que representa el Esquema de Protección de Activos (EPA) sobre el 80% de la morosidad acumulada en su cartera crediticia. Según estimaciones del mercado, esta red de seguridad fijada para facilitar su adjudicación podría ascender a 1.500 millones. Son avales que puso a disposición del sector bancario el Gobierno de Zapatero con vistas a superar las dificultades de financiación que ha motivado la crisis en momentos en que no existía no existía la preocupación por el déficit público actual.
Los avales del Estado representan ya más un tercio de los 81.000 millones solicitados por el sector. Con estos avales, el Estado cobra un interés de entre el 2,5% y el 5,5%, habiéndose embolsado hasta la fecha un total de 400 millones. Frente al total del saldo vivo que está pendiente de devolver por todo el sector, unos 81.000 millones, Bankia ha solicitado el 35%, por encima de su peso en el conjunto del sistema financiero español, según la información publicada por el grupo Prisa. Bankia también ha recibido 4.464 millones del primer Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para facilitar la fusión entre Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja de Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja.
Una ayuda que se materializó a través de participaciones preferentes y según los estatutos del fondo tendrían que ser devueltas en un plazo de cinco años ampliables a siete. El Estado cobra un 7,75% por ellas y, en caso de que no se cumplan los compromisos de pago podrían transformarse en capital. Las ayudas, que en total ascienden a 35.500 millones, superan a los activos problemáticos de la entidad, que a cierre de 2011 se situaban en 31.799 millones de euros. Esta cifra es la suma de los créditos inmobiliarios morosos y en riesgo de impago (17.847 millones) junto con los activos recibidos por impago de préstamos (13.951 millones).
