FACUA-Consumidores en Acción recomienda a todas las mujeres con implantes mamarios que comprueben el nombre del fabricante por si se trata de la firma francesa Poly Implant Prothèse (PIP), y aconseja a las usuarias se los extraigan por el peligro para su salud.La asociación advierte que las clínicas donde se operaron deben asumir los costes de su retirada y la colocación de nuevas prótesis. La existencia de irregularidades en su fabricación implica la responsabilidad frente a las consumidoras por parte de las empresas que se las vendieron y colocaron. Así lo establece la regulación sobre las garantías de productos del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En caso de que los implantes fueran colocados a través del sistema público de salud, FACUA llama a las afectadas a que exijan igualmente que se haga cargo de la extracción y los nuevos implantes. FACUA realiza la misma recomendación que el Gobierno francés y critica que en España, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no esté lanzando el mismo mensaje a las afectadas. Hasta ahora, Sanidad se ha limitado a decir que ha encargado una investigación sobre el asunto, aconsejando a las usuarias de estas prótesis que se las revisen, pero sin instarles a su retirada.
La empresa francesa PIP cerró en 2010 después de declararse en suspensión de pagos. Según la información que ha trascendido a los medios de comunicación, la firma usó en el 80% de sus implantes un gel que no cumplía las normas sanitarias para aumentar sus beneficios en hasta un millón de euros al año, ya que le costaba diez veces menos que el autorizado. Entre otras sustancias, los implantes contenían Silopren y Rhodorsil, sustancias empleadas habitualmente en la industria del caucho, y Baysilone, un aditivo para carburantes que también se usa en la construcción de materiales de navío y en componentes electrónicos.
En Holanda, una empresa compró prótesis a PIP cuando se declaró en bancarrota en 2010 y las comercializó bajo la marca M-implants.
Investigado por la Justicia francesa desde 2010 por presunta estafa, publicidad engañosa y poner en peligro la vida de las usuarias de sus prótesis, el fundador de PIP está en paradero desconocido.
