La asociación lamenta la ausencia de intervención de Economía y falta de coordinación de las entidades bancarias para la aplicación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales, que puede provocar el caos en su aplicación. FACUA-Consumidores en Acción critica el caos y la confusión generados en torno a los procesos de identificación de los usuarios bancarios necesarios para aplicar la Ley de prevención del blanqueo de capitales. La asociación lamenta la ausencia de intervención del Ministerio de Economía para asegurarse de que la información completa sobre el proceso llega a los usuarios.
De acuerdo al Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, todos los bancos tienen que tener una identificación formal e información relativa a la actividad profesional o empresarial de sus clientes antes del 1 de mayo. Es por esto que numerosos usuarios han recibido en las últimas semanas la notificación de que deben presentar su DNI, Tarjeta de Residencia u otro documento de identificación oficial además de rellenar un formulario que varía según la entidad antes de acabar el mes.
La asociación considera lamentable que no se haya establecido un protocolo armonizado por parte del Ministerio y haya dejado a cada banco generar su propio mecanismo de solicitud de información a los consumidores, algo que ha generado mucha confusión, dado que algunos usuarios no han sido notificados debidamente o se encuentran con un plazo muy limitado para poder presentar la documentación requerida. FACUA ha recibido la queja de algunos usuarios que no han sido notificados y sin embargo, al llamar a su sucursal o acudir en persona para interesarse por la situación, les han indicado que tenían que pasar a dejar la documentación.
Esta falta de armonización ha dado lugar, incluso, a que en los formularios elaborados por los bancos se produzcan peticiones erróneas de información, como en el caso de Cajamar denunciado por FACUA. En dicho formulario se pide a los usuarios que indiquen si tanto ellos como un «familiar o allegado» han «desempeñado en los dos últimos años alguna actividad política». Sin embargo, la ley obliga a las entidades financieras y las aseguradoras de vida, entre otras, a identificar y aplicar medidas reforzadas de diligencia debida a personas con determinada «responsabilidad pública», pero no a todas las que desempeñen alguna «actividad política».
FACUA critica igualmente que no haya información clara sobre las consecuencias que tendrá para los usuarios no cumplir con el requerimiento de información que el banco le hace en el plazo establecido. En algunos casos, las cartas recibidas indican que se procederá al bloqueo de las cuentas, sin definir ni el concepto ni el alcance de dicho bloqueo, dado que no se especifica si se refiere a todas las operativas, como el pago de recibos domiciliados o el ingreso de nómina o prestación de desempleo. Tampoco hay información clara si el bloqueo es inmediato, o si habrá una notificación previa a la congelación de las operaciones.
En este sentido, la ley indica, en su artículo 9.3, que «en caso de resistencia o negativa del cliente a proporcionar la información o documentación requerida, los sujetos obligados se abstendrán de establecer o mantener la relación de negocios o de ejecutar la operación». FACUA lamenta que no haya habido más control del Ministerio de Economía sobre un proceso de adaptación a la nueva ley para el que los bancos han tenido cinco años y que, sin embargo, han dejado para los últimos días, con el consiguiente perjuicio para los usuarios. FACUA ha tenido conocimiento, por ejemplo, de que Unicaja ha notificado a algunos usuarios la necesidad de presentar la documentación un día antes del final del plazo.
El cruce de declaraciones del pasado miércoles entre Cristina de Parias, responsable del BBVA en España y Portugal, que anunciaba públicamente una moratoria de diez días para la presentación de la documentación por parte de los usuarios, y el Ministerio de Economía, que la desmentía poco después, es una prueba más de la confusión y la falta de articulación sobre el proceso.
La asociación recomienda a todos los usuarios que no hayan sido notificados debidamente de la obligación de presentar una identificación formal y les sean bloqueadas sus cuentas, que reclamen todo perjuicio económico que se les cause.
