Esta práctica vulnera la legislación en materia de comercio y protección al consumidor. Aconseja a los afectados que rechacen estos cargos y denuncien a la compañía. FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar por cobrar penalizaciones a los usuarios que cancelan solicitudes de portabilidad de sus números de teléfono. Desde este mes de abril, los contratos de Movistar incorporan en sus condiciones particulares una cláusula de penalización relativa a la «solicitud de portabilidad». En ella, la compañía plantea que, «una vez firmada y entregada la solicitud de portabilidad» en cualquier tienda o distribuidor autorizado, el usuario puede cancelarla «hasta las 14 horas del día previo a la fecha del cambio». Pero si lo hace, le aplicará un «coste de la cancelación de 50 euros» en móviles y de 100 euros en fijos.
FACUA advierte que estas prácticas resultan abusivas y vulneran la legislación en materia de comercio y defensa de los consumidores, que prohíben expresamente cobrar cualquier cantidad como consecuencia del desistimiento de un contrato. Asimismo, implican una situación de falta de reciprocidad y de desequilibrio entre el usuario y la compañía. Mientras que el primero es obligado a abonar una cantidad si se arrepiente de la contratación, la compañía no asume la misma penalización si rechaza la solicitud de alta formulada. Por ello, FACUA ha denunciado a Movistar ante organismos competentes en materia de protección de los consumidores a nivel nacional y autonómico.
FACUA advierte que tanto el Instituto Nacional del Consumo (INC) como las autoridades de consumo autonómicas tienen competencias para instar a la compañía al cese de estas prácticas y solicitarle que devuelva el dinero que haya podido cobrar a los primeros afectados. Asimismo, las comunidades autónomas tienen la potestad para aplicar las multas que correspondan en función de la gravedad de las irregularidades. La asociación recuerda que en abril de 2011, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) emitió una resolución en la que advierte que «las leyes de Defensa de los Consumidores y Usuarios y de Ordenación del Comercio Minorista impiden expresamente cobrar al usuario algún tipo de gasto incurrido por el operador como consecuencia del desistimiento del contrato, como es la cancelación de la solicitud de portabilidad necesaria para la prestación de sus servicios».
«Además», prosigue la resolución, «tampoco es posible fijar al usuario garantías o anticipos de pagos previos a la prestación del servicio que aseguren un eventual resarcimiento del operador para el caso de que se ejercite la cancelación de la portabilidad numérica». FACUA aconseja a los usuarios afectados por estas prácticas que rechacen el cargo de cualquier recibo de Movistar en el que intente cobrarles la penalización por el amago de portabilidad y denuncien a la compañía ante las autoridades de Consumo de sus respectivas comunidades autónomas.
