Justicia pretende introducir nuevos servicios de pago para compensar a los registradores mercantiles por hacerse cargo de la gestión a partir del 15 de julio a través de enmiendas a la ley de 2011. FACUA-Consumidores en Acción considera deplorable que el Gobierno pretenda convertir el Registro Civil en un negocio a costa de los usuarios. La asociación exige al Gobierno que mantenga la gratuidad de los servicios y no introduzca nuevas gestiones de pago para los ciudadanos como pretende hacer, de acuerdo a un borrador de enmiendas a la ley de 2011 en el que trabaja el Ministerio de Justicia.
La asociación considera un verdadero escándalo que el Ministerio que dirige Rafael Catalá ponga una función pública esencial como la que cumple el Registro Civil al servicio de los intereses de los registradores mercantiles, que serán quienes lo gestionen a partir del próximo 15 de julio, cuando entre en vigor la Ley 20/2011 de Registro Civil, que desvincula el servicio del sistema judicial. En dicho momento, la información gestionada por los registradores será la mayor base de datos unificada de España.
Cuando el Gobierno decidió otorgar la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles no previó una partida presupuestaria para sufragar el servicio. Estos funcionarios no tienen un salario público, sino que ingresan en función de las gestiones que realizan, por lo que solicitaron al Ejecutivo una retribución a cambio. Es por esto que el Ejecutivo pretende que el ciudadano lo pague a través de nuevos servicios complementarios a los más comunes. Así, se busca establecer gestiones relacionadas con el libro de familia, la vecindad civil, expedientes de cambio de nombre y apellidos o los poderes notariales (su cese, por ejemplo), inexistentes hasta ahora.
En el documento interno que sirve de borrador para las enmiendas que el Gobierno pretende introducir se incluyen abiertamente expresiones como «hay que meter la vecindad civil ya que puede ser una fuente de financiación» o «la inscripción de poderes de las personas físicas y su revocación es una posible fuente financiación de la que no se puede prescindir», e incluso «se considera fundamental la referencia a la constancia registral del domicilio registral y la dirección a efectos y notificaciones ya que es una posible fuente de financiación y por consiguiente imprescindible para financiar el coste del registro civil», entre otras.
FACUA rechaza que, una vez más, se perjudique al ciudadano y se le penalice por utilizar un servicio que es obligatorio y que debe ser gratuito, tal y como ha sido hasta ahora, y exige al Gobierno que rechace el nuevo modelo y paralice su aprobación. FACUA denuncia, además, que esta retribución se haga de una manera encubierta, a través de enmiendas al proyecto de ley de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil que se tramita actualmente en el Congreso y no con un proceso abierto y transparente que implique la participación de los usuarios.
La asociación exige al Gobierno que en lugar de buscar formas de perjudicar económicamente a los ciudadanos, resuelva los problemas que generará el hecho de que los registros mercantiles no tienen implantación en todo el territorio nacional, por lo que numerosos municipios quedarán desatendidos cuando entre en vigor la nueva normativa.
