FACUA espera que la Ley de supervisión de los seguros privados recoja sus reivindicaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de supervisión de los seguros privados, que pasa ahora al trámite parlamentario. Esta ley tiene por objetivo regular el acceso a las actividades de seguro y reaseguro privado y supervisión de su ejercicio. Aunque la valoración global del texto del proyecto es positiva, se espera sensibilidad de los grupos parlamentarios para incorporar las demandas que no hayan sido asumidas por el Gobierno en el texto. Su principal finalidad es la de proteger los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios, y de promover la transparencia del mercado de seguros y el desarrollo de la actividad aseguradora privada.FACUA-Consumidores en Acción ya manifestó el pasado abril a través del Consejo de Consumidores y Usuarios que es necesario reforzar la protección y seguridad de la parte más débil de la contratación, por lo que el texto de la futura ley requiere una serie de mejoras. FACUA reclama que los cambios reivindicados que no hayan sido introducidos por el Gobierno en el texto del proyecto de ley sean incorporados durante el trámite parlamentario, por lo que espera sensibilidad por parte de los distintos grupos políticos. FACUA demanda un mayor control por parte del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la transparencia del sector y prácticas abusivas frente a tomadores, asegurados y beneficiarios del seguro, ya que éstos tienen una posición débil frente a las grandes empresas aseguradoras que puede dar lugar a desequilibrios. Asimismo, en referencia al artículo del anteproyecto de ley que hace referencia a la honorabilidad profesional de los directivos de las aseguradoras, FACUA propone que con tal propósito se deba aportar una trayectoria personal en la que se refleje un respeto y adecuado conocimiento de las leyes en materia de derecho de consumo y protección de los consumidores. Otro requisito que FACUA considera necesario y previo para operar en nuestro país es que la entidad aseguradora tenga una dirección o sede física en España para poder dar trámite y atender las quejas y reclamaciones que pudieran surgir durante el ejercicio de su actividad. De esta forma, las aseguradoras deberían poseer teléfonos nacionales, fax y correo electrónico de carácter gratuito para la atención al cliente, así como ceñirse a la obligación de aceptar las reclamaciones en las distintas lenguas oficiales de nuestro país. De no ser así, puede darse la situación de que un usuario tenga que dirigirse en un idioma desconocido para él a una dirección de cualquier país miembro de la UE, como viene ocurriendo en otros sectores del consumo, lo que le supone un importante perjuicio y un obstáculo para hacer valer sus derechos ante la entidad aseguradora. Estos mismos requisitos deben ser exigidos para todas las entidades aseguradoras, radique donde radique su sede u oficina principal. FACUA ve necesario que las aseguradoras pongan a disposición de los usuarios el nivel de solvencia que poseen para así evitar que los usuarios arriesguen parte de su dinero en una entidad insegura. Del mismo modo, FACUA cree que el usuario debe ser informado de manera suficiente y eficaz sobre aquellas operaciones societarias en las que pudieran verse envueltas las entidades aseguradoras, dado que supone una modificación unilateral de uno de los elementos esenciales del contrato.