Carcesa ingresó 70 millones en pagarés supuestamente destinados a la compra de nuevas compañías, pero utilizó parte del dinero para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Ruiz Mateos. FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado este lunes a la Fiscalía que investigue si una de las empresas de la familia Ruiz Mateos, Carnes y Conservas Españolas (Carcesa) ha incurrido en un delito de estafa en la emisión de pagarés supuestamente destinados a la compra de nuevas compañías. FACUA pedirá a la Fiscalía Provincial de Badajoz que abra diligencias previas para determinar si Carcesa, con domicilio social en Mérida, estafó a los inversores que adquirieron los pagarés que emitió en 2009 utilizando su dinero para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Nueva Rumasa. «Los fondos obtenidos por la emisión de pagarés se emplearán en la adquisición de empresas, teniendo en este momento en estudio la compra de varias sociedades que representan auténticas oportunidades de negocio», aseguraba el folleto informativo de emisión de pagarés entregado a quienes confiaron su dinero a Carcesa, donde aparecía como responsable su apoderado general, Álvaro Ruiz-Mateos Rivero. Los pagarés prometían un interés anual del 8% y un plazo de vencimiento de un año desde la fecha de su publicación en los medios de comunicación el 23 de febrero de 2009. Según sus cuentas anuales, depositadas en el Registro Mercantil, Carcesa logró captar algo más de 70 millones de euros en pagarés en 2009. Pero durante todo el ejercicio, la propietaria de las marcas Apis y Fruco únicamente compró una empresa, Quesería Menorquina, que figura con un valor contable de 1,7 millones de euros, según han desvelado los medios de comunicación. Durante ese año, Carcesa aprovechó para reducir con varias entidades financieras su deuda, sobre todo a corto plazo, que pasó de 28,9 a 18,7 millones de euros entre el cierre de 2008 y el de 2009, y prestar 124,3 millones a otras empresas del grupo. Así lo indica en su informe la firma de auditoría, Garrido Auditores. En febrero de 2009, cuando comenzó a lanzar pagarés, Nueva Rumasa se presentaba en su publicidad como «uno de los grupos empresariales más importantes de nuestro país con una valoración patrimonial neta de 3.000 millones de euros». En dos años, aumentó hasta los 5.000 millones esa valoración, que no ha estado sujeta a ninguna auditoría. FACUA espera que la Fiscalía investigue si hubo engaño punible para lograr que los inversores confiasen su dinero a Carcesa y otras empresas de Nueva Rumasa, tanto por el destino dado al dinero como por la cuantificación del patrimonio. Y también que aclare si, como prometió en alguno de sus anuncios, las cuentas consolidadas de las sociedades del grupo llegaron a ser auditadas por una firma de prestigio, ya que éstas no se han hecho públicas. Carcesa es una de las diez empresas de la familia Ruiz Mateos que han solicitado el preconcurso de acreedores para poder negociar un plan de pagos durante cuatro meses y evitar declararse en suspensión de pagos.
