FACUA-Consumidores en Acción rechaza el Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento y del Consejo Europeo. Para la organización, la norma propuesta por el Ejecutivo limita los derechos y garantías del consumidor, genera trabas para acceder al sistema de arbitraje y crea mayores desequilibrios en las relaciones con el sector empresarial, valora la asociación.
Además, pone obstáculos en el acceso a la justicia para un colectivo merecedor de especial y singular protección como es el de los consumidores. FACUA recuerda que la propuesta del Ejecutivo limita el acceso del consumidor al sistema de arbitraje al establecer, y permitir por ley, que se fije un precio para acceder a él hasta un máximo de 30 euros.
La asociación considera escandaloso que sea el consumidor quien tenga que asumir el coste de un conflicto generado por abusos del sistema empresarial. Con ello, se limitarán derechos básicos de los consumidores en beneficio del sector empresarial. La asociación lamenta que el Gobierno aproveche la necesidad de la transposición de la citada Directiva europea para menoscabar los derechos de los consumidores, a pesar de que la Directiva es flexible y plantea que el desarrollo normativo se base en los procedimientos ya existentes en los Estados miembro y en el respecto de sus tradiciones jurídicas.
FACUA recuerda que en España el sistema arbitral de consumo se ha caracterizado por ser gratuito, público imparcial e independiente.Rechaza, además, que el Anteproyecto incluya la posibilidad de que el sistema de arbitraje niegue una reclamación según el valor de la pretensión económica. Según esto, sólo se podrían reclamar cuantías en una horquilla entre cincuenta y tres mil euros. El Gobierno parece olvidar que los consumidores son la parte más débil del mercado y que las reclamaciones en materia de consumo son por lo general de cuantías bajas y que también pueden darse reclamaciones que no tengan una pretensión económica.
En este sentido, tanto el Consejo Económico y Social como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han rechazado en sendos informes que los motivos económicos sean causa de exclusión de las reclamaciones.
Sistemas de mediación dependiente de las empresas
FACUA considera inadmisible que la norma permita a las empresas crear sus propios sistemas de mediación y arbitraje, dado que en situaciones de conflicto con los consumidores serán juez y parte, lo que generará un fuerte desequilibrio entre ambos. En estos sistemas de arbitraje dependientes de las empresas, las personas decisorias del conflicto podrán depender laboral y jerárquicamente y estar retribuidas por el empresario reclamado. La asociación recuerda que esta posibilidad anula cualquier posibilidad de independencia, imparcialidad, equidad o justicia. El informe del CGPJ también se muestra contrario a este sistema, indicando que “puede ser perverso”.
FACUA rechaza el posicionamiento expreso que hace el Anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno de primar de forma clara un sistema de resolución de conflictos de carácter privado trasladando el sistema al sector empresarial y en detrimento de los sistemas públicos. En este sentido, ni se determinan ni se homologan unos contenidos formativos mínimos para las personas que tomen las decisiones en los conflictos entre consumidores y empresas, que se deja en manos de la autorregulación sin mayor compromiso formativo ni regulatorio de los poderes públicos.
Por otro lado, el Anteproyecto propuesto reconoce la competencia del Centro Europeo del Consumidor, presente en todos los países de la UE (incluida España) para mediar en conflictos transfronterizos, un centro que carece de recursos suficientes para funcionar. La propia entidad ha indicado que lleva inoperativa desde diciembre de 2014, y no es la primera vez que ocurre, por falta o escasez de recursos.
