FACUA denunció los hechos en 2015 pero la Fiscalía de Vizcaya archivó el caso al no considerar que se hubiera cometido delito. FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado contra los responsables de Iberdrola por un «delito contra el mercado ylos consumidores» que le permitió obtener un «lucro ilícito» de 20 millones de euros a través de un plan que le permitió manipular el precio de la luz durante el invierno de 2013 mediante la disminución de su producción hidráulica.
La manipulación se produjo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigó los hechos y en 2015 multó a la multinacional con 25 millones de euros. FACUA-Consumidores en Acción presentó una denuncia a finales de ese año pero la Fiscalía Provincial de Vizcaya, donde tiene la sede social la compañía, archivó el caso al no considerar que se hubiera cometido delito.
En diciembre de 2015, FACUA solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigase si Iberdrola había cometido un delito contra el mercado y los consumidores, el mismo del que le acusa ahora Anticorrupción. La denuncia de la asociación fue derivada a la Fiscalía de Vizcaya, que en febrero de 2016 le comunicó que había decidido archivarla, con el argumento de que «la disminución en la producción [hidráulica] no va acompañada de una retirada dle mercado del producto a suministrar, sino del medio o fuente de energía del que se obtiene, lo que no significa detraer, sino sustituir o reemplazar para lobrar la alteración del precio, que no constituye la acción típica exigida por el precepto penal».
Las sospechas de que había manipulado el mercado llevaron al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios. Por esto, el Ejecutivo decidió suspender la subasta Cesur, celebrada el 19 de diciembre de 2013, para evitar que la luz subiera de golpe casi el 11%.
La CNMC determinó que la eléctrica había alterado fraudulentamente el mercado a través de una disminución de la producción hidráulica, lo que provocó un incremento en el precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo. Iberdrola interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la sanción de la CNMC, que todavía está pendiente de ser resuelto.
El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral destaca en su denuncia que Iberdrola «con la finalidad de lucrarse ilícitamente, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda», según informa este jueves El País. Además, el fiscal indica que los hechos se llevaron a cabo «sin causa legítima que lo justificara».
Anticorrupción acusa a la eléctrica de «un delito contra el mercado y los consumidores del artículo 281 del Código Penal», que establece de forma expresa que «el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses».
La consecuencia «del artificio urdido y llevado a cabo por Iberdrola fue la subida del precio de la energía eléctrica en, aproximadamente, siete euros megavatio/hora, que aplicados a la energía programada y vendida por la denunciada en el período temporal antes referido —2.965 GWh—, le supuso un beneficio superior a los 20 millones de euros», recoge la denuncia.
