FACUA solicita al presidente de la Comisión Europea que intervenga ante la amenaza de ilegalización por la Presidenta del INC (Salud)

Pide su actuacion ante un atentado contra los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de asociación. FACUA ha trasladado la amenaza de ilegalización por expresar sus críticas contra los recortes en sanidad, educación y justicia de la que está siendo objeto por parte del Gobierno español al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
Asimismo la asociación se ha dirigido a los comisarios de Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Consumo, Competencia y Mercado Interior. En su misiva ha pedido la actuación de la vicepresidenta y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía Viviane Reding, el vicepresidente y Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, el Comisario de Salud y Política de los Consumidores, John Dalli y al de Mercado Interior, Michel Barnier, a los que también ha pedido que actúen “contra este grave atentado a la libertad de expresión y este grave recorte en las funciones de las asociaciones de consumidores”.

En palabras del presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, se trata de “un atentado contra los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de asociación, inadmisible en una democracia y por supuesto en un estado miembro de la Unión Europea”. En los próximos días FACUA se va a dirigir al Defensor del Pueblo Europeo, a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y a la Agencia de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

En la carta al presidente de la Comisión Europea, le explican a Barroso el «proceso emprendido por la Presidenta del Instituto Nacional del Consumo – INC contra nuestra organización, con el fin de proceder a nuestra exclusión del Registro Español de Asociaciones de Consumidores y por ello ilegalizarnos como asociación de consumidores, si no cesamos las actuaciones críticas contra las medidas de recortes de derechos en materia de sanidad, educación y justicia que está imponiendo dicho gobierno en el marco de la crisis económica que padece nuestro país. Para su información le adjuntamos el Oficio que nos ha enviado la Sra. Pilar Farjas Abadía, presidenta del INC, en el que se nos da el ultimátum de que si el día 22 de agosto no hemos retirado de nuestro sitio en Internet www.facua.org, todas las críticas contra los recortes del Gobierno y toda alusión a la defensa de los usuarios de la sanidad, justicia y educación pública, y no cesamos de intervenir en defensa de los usuarios de la sanidad y de la educación pública, se procederá a nuestra exclusión en el citado registro».

«Desde FACUA, consideramos que el Gobierno de España está realizando una interpretación absolutamente restrictiva de la legislación vigente en materia de protección de los consumidores de nuestro país, al considerar que las organizaciones de consumidores que defiendan a los usuarios de los servicios sanitarios o de educación, se están extralimitando en sus funciones legales, enmascarando así su intolerancia frente a la legítima crítica de dichas organizaciones a sus políticas lesivas contra los intereses ciudadanos, como cerrar centros de salud, aumentar el precio de los medicamentos, dejar de bonificar medicamentos por la Seguridad Social, aumentar el número de alumnos por aulas en los colegios, recortar ayudas a las personas dependientes, negar la prestación sanitaria a los inmigrantes que no tengan trabajo si no abonan cantidades elevadas, etc».

«Por ello, le solicitamos como Presidente que valore el oficio emitido por la Presidenta del INC, y proceda a actuar contra este grave atentando a la libertad de expresión y este grave recorte en las funciones de las asociaciones de consumidores que pretende imponer el Gobierno de España, que acudimos en amparo ante esa Institución solicitando la intervención inmediata para evitar daños irreparables a la imagen de nuestra asociación, en aras de la defensa de la libertad de expresión y del derecho de las organizaciones de consumidores y usuarios en intervenir, como lo han hecho siempre, en materias relacionadas con la sanidad y educación pública.»

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