Lanzó sus tarifas hace dos años anunciando que las mantendría «para siempre». La compañía ha anunciado un nuevo encarecimiento de sus paquetes en otros 5 euros, con el pretexto de incluir más datos móviles, en vísperas de la audiencia previa por la demanda que FACUA presentó en 2015.
FACUA-Consumidores en Acción añadirá a su demanda contra Telefónica la última subida de precios que ha empezado a aplicar la compañía, por la cual encarece otros cinco euros todos sus paquetes Fusión que incluyen móvil, fijo, internet y televisión.
Un nuevo incremento que entra en vigor en vísperas de la audiencia previa que se va a celebrar el próximo 21 de marzo en el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid por la demanda cursada por FACUA contra la primera subida de cinco euros que aplicó Telefónica hace dos años.
La asociación llevó a Telefónica a los tribunales en junio de 2015 por la subida ilegal de las tarifas de Movistar Fusión en 5 euros mensuales, incremento que la operadora aplicó pese a que en septiembre de 2012, fecha de lanzamiento del producto, aseguró en su publicidad e información comercial que mantendría sus precios «para siempre», una promesa con valor contractual.
FACUA incorporará a su demanda como hechos nuevos esta última subida de precios que la operadora empezará a aplicar en las próximas semanas a todos sus clientes de las modalidades Fusión+ y Fusión Contigo con el pretexto de aumentar los datos móviles ofrecidos para cada línea de teléfono. De esta forma, la factura de abril será la primera que ya asuma el nuevo incremento. Las nuevas tarifas ya están siendo aplicadas para las nuevas contrataciones.
Se trata de la cuarta subida que la compañía impone desde 2015 y que ha encarecido su recibo hasta en 18 euros en menos de dos años. La primera, de 5 euros, tuvo lugar en mayo de 2015. La segunda, de 3 euros, fue en enero de 2016; y la tercera, de entre 2 y 5 euros, en julio. A todas ellas hay que sumar ahora, pues, otros 5 euros más.
El primer incremento aplicado hace dos años, que motivó la demanda de FACUA, ha sido calificado por el fiscal Adrián Zarzosa Hernández en su informe previo a la audiencia de «ilícito» y «desleal», al valorar el compromiso que la compañía adoptó en 2015 de mantener los precios mientras el contrato permaneciera en vigor.
Fiscalía, personada de oficio
La Fiscalía, personada de oficio en el caso promovido por FACUA, se centra en el concepto de publicidad engañosa para considerar que la compañía actuó de mala fe.
El término «para siempre» con el que Telefónica inició la comercialización de su paquete conjunto de telefonía fija, móvil, televisión e internet estaba integrado en el contrato en beneficio del consumidor (artículo 61 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios), por lo que se entiende que «el operador renunció en su momento a la facultad de modificación unilateral del contrato y adquirió un compromiso de invariabilidad».
La falta de reacciones contundentes por parte del Gobierno de España y las autoridades autonómicas de protección al consumidor tras las denuncias de FACUA llevaron a la asociación a emprender acciones judiciales contra Telefónica para reclamar la devolución de las cantidades cobradas de más como consecuencia de las subidas.
Dos únicas multas
De hecho, tras la denuncia presentada por la asociación en abril de 2015, únicamente Andalucía y la Comunidad de Madrid han resuelto imponer multas a Telefónica. La anunciada por parte de la primera fue de de 6,23 millones, mientras que la de la CAM apenas alcanza la ridícula cifra de 30.000 euros, sanciones desproporcionadamente inferiores a los millonarios beneficios que la compañía ha obtenido gracias a la comercialización de sus paquetes Fusión desde 2015.
Más de 4.000 socios de FACUA están personados en la causa. Se trata del caso con mayor número de afectados en los tribunales por un fraude en el sector de las telecomunicaciones.
Si la asociación logra una sentencia favorable, el juez ordenará la anulación de las sucesivas subidas, de manera que la compañía tendría que volver a aplicar los precios vigentes antes de mayo de 2015 y devolver a los usuarios personados en la causa todo el dinero que les haya cobrado de más hasta la finalización del procedimiento.
