Gestión 2002 empresa que consiguió el cierre de los 9 canals de TDT señala que deben salir a concurso de manera casi inmediata . Según un comunicado de la compañía «fue una operación concertada entre las televisiones y Gobierno para eludir el marco legal aplicable y mantener privilegios particulares». La búsqueda de “una solución pactada” por los otros 8 canales pendientes de una nueva Sentencia, además de una violación del Ordenamiento Jurídico, puede llevar a minar la cimentación jurídica de la industria audiovisual española y la intervención de las Instituciones Comunitarias con la consiguiente pérdida de soberanía de España en el sector estratégico de las telecomunicaciones.
Se trata de declaraciones de la empresa que consiguió el fallo del Tribunal Supremo, -Infraestructuras y Gestión 2002, S.L.-, que conllevó el cierre de 9 canales nacionales de TDT que fueron asignados sin el preceptivo concurso público, quiere informar que existen unos plazos establecidos legalmente para, tras la sentencia y consiguiente cese de emisiones, sacar dichos canales a concurso. Así lo apuntaba el propio Tribunal Supremo en alguna de sus resoluciones cuando afirmaba que esta situación “supone abrir el espacio radioeléctrico al concurso entre sujetos interesados en el ejercicio de dichas libertades, tal como requiere la Ley 7/2010 y la normativa comunitaria, en vez de efectuar una atribución directa a sujetos que ya disponen de dicha capacidad de ejercicio de las referidas libertades”.
«Estos plazos son de tres meses iniciales y nunca deben de exceder de seis meses -señalan- desde la fecha de cierre de los canales». Gestión 2002 ya ha cumplimentado el trámite legal de solicitud al Ministerio de Industria para que cumpla los plazos que la legislación vigente contempla para la convocatoria del preceptivo concurso público con todos los canales a concurso. «Deben ser la totalidad de los canales –nueve por ahora- los que han de salir a concurso por efecto de la legislación, tanto española como comunitaria, que preservan la pluralidad de medios frente a la discrecionalidad e intervencionismo de los gobiernos nacionales. Limitar el número de los mismos mediante el subterfugio de modificación del Plan Técnico vigente que contempla 24 canales privados nacionales de TDT excusándose en compromisos comunitarios, es una falacia pues el Plan Técnico actualmente en vigor YA CUMPLE con el proceso de liberalización del llamado “dividendo digital”.
La compañía quiere dejar claro que «el mensaje trasmitido por las televisiones privadas de un “mero error formal de la Administración” y que “debe darse seguridad jurídica a los otros canales ahora en litigio”, no son tales; lo que se evidencia es que fue una operación concertada entre las televisiones y el Gobierno para eludir el marco legal aplicable con que mantener privilegios particulares en contra de los intereses públicos, además de ser un atentado contra el Ordenamiento Jurídico».
La búsqueda de “un acuerdo” pactado contra legem, como ya se hizo en Italia y Bulgaria, sólo conseguirá socavar la cimentación jurídica de la industria audiovisual española y la pérdida de soberanía del Estado Español en esta materia tal y como ha sucedido ya en esos países donde la Unión Europea se vio obligada a intervenir para deshacer excesos idénticos cometidos por los respectivos gobiernos nacionales.
Ignacio Sánchez, apoderado de Infraestructuras y Gestión 2002 explica “estamos vigilantes en este proceso para que se cumplan todos los procedimientos legales establecidos en el nuevo marco legal impuesto por la vigente Ley General de Comunicación Audiovisual que, básicamente, se limita a trasponer las directivas europeas de obligado cumplimiento en la materia y evitar que se llegue a una pérdida de soberanía nacional en un sector tan estratégico como el de las telecomunicaciones y la industria audiovisual”. “Como se ha visto ya, la Industria arrastró al anterior gobierno a cometer excesos en el ejercicio de sus prerrogativas Ejecutivas para lograr satisfacer sus exclusivos intereses privados. Excesos que bien pudieran haber traspasado límites muy definidos en otro orden jurídico. No son tiempos para repetir y mantener impunes esas conductas”
Además, Sánchez concluyó: “la búsqueda de apaños políticos que mediante subterfugios intenten tapar aquellos desaguisados cometidos en 2010 y que ya ha puesto en evidencia el Tribunal Supremo, solo puede conllevar a que se empantane definitivamente el sector audiovisual y se restrinja la pluralidad de medios”.
