Ante el inminente cierre de canales de TV iCmedia denuncia restricciones al pluralismo en los contenidos audiovisuales y reclama mayor información al usuario. También exige «mayor transparencia informativa ante una nueva antenización, porque el ciudadano deberá asumir el coste derivado del dividendo digital. Ante la inminente ejecución por el Ministerio de Industria de la sentencia del Tribunal Supremo, obligando a suprimir 9 canales de televisión, a iCmedia le preocupan el futuro de la TDT, la opacidad del proceso de concesión de licencias, los gastos para el usuario que conllevarán el dividendo digital y una posible reantenización, así como el cumplimiento de la legalidad por parte de todos los actores implicados. Consideramos que reducir la oferta de televisión en abierto, por la supresión de estos canales, de consolidarse en un futuro inmediato, perjudicaría tanto a los operadores de tales servicios como a los usuarios».
«Nuestra Federación advierte que la medida que se toma ahora no debe augurar una restricción definitiva de la oferta de televisión en abierto, pues siempre hemos defendido el libre mercado y la competencia entre abierto y pago, de modo que se garantice al usuario la libertad de elección de contenidos. Con respecto a la futura adjudicación del espectro radioeléctrico, iCmedia insta a la Administración a que aplique una mayor transparencia en el proceso de adjudicación de licencias televisivas para cubrir el sobrante derivado del dividendo digital. Una mejora en el proceso concursal y en la información aseguraría, además, un entorno audiovisual plural y de calidad. También lamentamos que hayan de ser los usuarios quienes afronten los costes derivados del dividendo digital. El coste aumentaría si fuera necesaria una nueva reantenización, una vez realizado, entre otros operadores, el nuevo reparto de canales múltiples sobrantes. Por último, con respecto a la petición de los operadores de una plena seguridad jurídica en su ámbito, la Federación de Asociaciones de Usuarios de los Medios recuerda que dicha garantía debe darse, no sólo en la adjudicación de licencias y en los procedimientos públicos, sino también a la hora de cumplir la normativa vigente sobre la protección de menores, el cumplimiento de las sanciones correspondientes y la supresión de las televisiones ilegales».
