La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ha solicitado a los partidos políticos que incluyan la publicidad institucional entre las actividades recogidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en trámite parlamentario. La asociación, presidida por Arsenio Escolar, señala por carta su a todos los grupos parlamentarios y al Gobierno, su «inquietud y malestar por la mala gestión que se hace de la publicidad institucional por parte de algunas administraciones públicas», al incumplir la Ley de Publicidad Institucional e «incluso la Ley de Contratos del Sector Público», señalan en un comunicado. Para la asociación, no hay suficiente publicidad y transparencia en los procedimientos, ni la suficiente concurrencia e igualdad de trato, con «discriminaciones flagrantes, agravios comparativos y adjudicaciones no trasparentes… que están causando incluso situaciones de competencia desleal en nuestro sector».
Escolar señala en su carta que la publicidad institucional debe estar «obligada a publicidad activa», para que los organismos públicos publiquen de forma periódica y actualizada «no solo qué agencia o agencias gestionan y planifican cada campaña sino también en qué medios y soportes se ha invertido finalmente hasta el último céntimo». Para el Presidente de la AEEPP
«incluir la publicidad institucional en la ley en trámite supondría, dar un buen paso «no sólo en la mejora de la gestión de la publicidad institucional y de la transparencia de las administraciones públicas sino también en el funcionamiento del libre mercado e incluso de la libertad de prensa y de la profundización del Estado democrático». La AEEPP ha creado un Observatorio de la Publicidad Institucional, desde el que se recaba información de las instituciones públicas sobre este asunto, se atienden las reclamaciones y quejas de los editores que se consideren discriminados en las campañas y se vigila para erradicar las malas prácticas.
El pasado viernes, El Consejo de Ministros aprobó el ‘Informe de Publicidad y Comunicación Institucional 2012’, que refleja que la Administración General del Estado redujo en 2012 un 70,6% el gasto en publicidad institucional, hasta los 19,8 millones de euros, que contrastan con los 67,4 millones del año anterior.
