La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha hecho pública su posición con respecto al Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. AUC destaca que las actuaciones y penas previstas se refieren a aquéllos prestadores de servicios que se lucran distribuyendo y poniendo a disposición del público contenidos que vulneran los derechos de propiedad intelectual, pero en ningún caso a los ciudadanos particulares que, en un contexto privado, utilizan esos contenidos audiovisuales.
En concreto, la modificación de los artículos 270 y 271 se refiere a quien “con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, explote económicamente, en especial mediante la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
Sin entrar en la modificación de las penas o de su gradación, para AUC, las medidas que puedan adoptarse en materia de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, ya sea en el ámbito penal, en el civil o en el administrativo deben diferenciar claramente el papel de los diferentes prestadores del servicio de la sociedad de la información, que actúan en un entorno comercial, del acceso o distribución de contenidos por parte de los consumidores y usuarios, especialmente cuando por parte de éstos no existe, no sólo ánimo de lucro, sino tampoco ánimo de daño, y se mantienen en un plano que puede considerarse habitual, cotidiano y razonable. La Asociación recuerda también la necesidad de conciliar los derechos de propiedad intelectual con los derechos ciudadanos de acceso a la cultura y de protección de la intimidad y la privacidad de los datos personales. AUC resalta que no se contemplen medidas contra los ciudadanos particulares que hacen un uso “privado y razonable” de internet.
