FACUA-Consumidores en Acción informa de que el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional centralizará las denuncias de los múltiples afectados por el cierre de la cadena de clínicas Dental Line. FACUA lamenta el retraso de más de dos años provocado por la inhibición previa de la Audiencia y de fiscalías como las de Sevilla y Granada. FACUA denunció estos presuntos cierres fraudulentos ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del entonces Ministerio de Sanidad y Política Social y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas, además de ante la Fiscalía de Granada.
Ahora, más de dos años después, el Tribunal Supremo ha resuelto que debe ser la Audiencia Nacional la que centralice toda la investigación, aunque en principio, el juzgado dirigido por Santiago Pedraz rechazó la competencia al estimar que «no estaba acreditada» una generalidad de personas. FACUA lamenta un retraso provocado por la inhibición previa de la propia Audiencia y de fiscalías como las de Sevilla y Granada. La asociación se dirigió en julio de 2010 ante esta última para alertar de un posible delito de estafa. Sin embargo, la causa fue derivada a la Fiscalía de Sevilla que, a su vez, remitió la causa de vuelta a Granada. Finalmente ha sido un juzgado de Barcelona el que se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional.
Tal como planteaba FACUA desde un primer momento, la sala de lo penal del Supremo ha dictaminado que las características del asunto, «con gran número e incremento de perjudicados en el territorio de más de una Audiencia», hace que la competencia corresponda a la Audiencia Nacional. Dental Line cerró o vendió en 2009 sus establecimientos en distintos puntos del país –llegó a tener 77 centros en Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y País Vasco- sin asumir en muchos casos sus obligaciones con sus clientes.
